El cabildo departamental le salió al paso a las denuncias hechas por una veeduría nacional sobre el proceso de elección del próximo contralor departamental.
A raíz de las denuncias hechas por una veeduría nacional al actual proceso de selección del próximo contralor de Antioquia, la Asamblea le salió al paso a las acusaciones.
La respuesta desde el cabildo departamental se conoce luego del anuncio de la Procuraduría de vigilar el proceso de elección, a raíz de la denuncia formal presentada el jueves 25 de septiembre por la Red de Veedurías de Colombia ante esta entidad y ante la Fiscalía General de la Nación.
Según el representante de la Veeduría, Pablo Bustos, habría un presunto intento del gobernador de Antioquia de manipular el proceso para imponer un aspirante afín a él, hecho que según la Veeduría compromete la independencia y la transparencia de la Contraloría Departamental que deberá investigar las acciones del hoy mandatario regional.
Cabe mencionar que por medio de la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025, la Asamblea de Antioquia delegó a la Universidad de Cartagena como operador académico para la elección del próximo contralor de Antioquia, asunto que a los veedores les ha generado suspicacia.
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“Entre las irregularidades recibidas por la red se encuentran las señaladas respecto de la cuestionada escogencia de la Universidad de Cartagena como operador académico, las denuncias de presunto favoritismo hacia dos candidatos quienes estarían siendo impulsados por el actual gobernador, la participación de aspirantes con antecedentes administrativos y éticos cuestionados, aducidos reportes de reuniones indebidas entre directivos de la Universidad y el gobernador, así como el interés del rector de dicha institución en acelerar irregularmente el proceso en detrimento de la transparencia y la rigurosidad técnica”, escribió la veeduría en sus redes.
Ante este panorama, EL COLOMBIANO consultó con la Gobernación de Antioquia, la entidad comentó que quien selecciona es la Asamblea Departamental. “La Gobernación no participa en ese proceso”, indicaron.
Este diario hizo lo propio con la Asamblea y desde allí su presidente, la diputada Verónica Arango, salió al paso de las acusaciones.
Arango comentó que tras conocer las denuncias no se siente preocupada toda vez que para ella son afirmaciones de Bustos hechas a la ligera, sin sustento y sin fundamento probatorio.
“Bustos dice que le preocupa porqué se seleccionó a la Universidad de Cartagena de forma directa. Pero parece que él no sabe que se invitó a participar a 20 universidades de cinco departamentos de Colombia. De las 20, solo se presentaron tres: El Politécnico (Jaime Isaza Cadavid), la Universidad de Antioquia, y la Universidad de Cartagena. Las propuestas del Poli y la UdeA sobrepasaron el presupuesto destinado (cerca de $99 millones) y no cumplían con requisitos y condiciones que exigimos en la invitación para presentarse en el proceso”, comentó Arango.
La diputada también señaló que el proceso de selección de la universidad fue ampliamente difundido; y frente al tema de la contratación directa de la Universidad de Cartagena, comentó que esta, al ser contratada para una tarea de apoyo a una prestación de un servicio o gestión, está autorizada por la norma de contratación para hacerlo así ya fuera por medio de un convenio o un contrato interadministrativo.
“Entonces, siendo así las cosas, no sabemos porque ese señor (Bustos) dice que fue la designación fue a 'dedo'”, resumió Arango.
Frente al tema de las presuntas injerencias del gobernador para anteponer a dos candidatos que serían afines a él, y que por lo mismo se estaría reuniendo con directivos de la Universidad de Cartagena, la presidente indicó que por un lado, el gobernador no tiene nada que ver con el proceso de elección, pues el mismo recae en los 26 diputados que al final votan por una terna salida del proceso.
“Si eso es así, como dice el veedor, entonces hay que preguntarle eso al gobernador de Antioquia y no a mí, porque no tengo responsabilidad. Pero aclaro, el gobernador no tiene incidencia en el proceso de selección”, dijo.
Finalmente, frente a la supuesta celeridad denunciada por Bustos en el proceso, Arango señaló que dicha labor va acorde al cronograma planteado y publicado con suficiente antelación para que los interesados lo conocieran de antemano.
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“Yo invito al veedor a que sea claro y que diga que la convocatoria se hizo pública y se socializó con la ciudadanía y por eso se expuso como proyecto borrador para que la misma gente le hiciera observaciones. El Proyecto Regulatorio del Acto Administrativo que invita a la convocatoria se publicó del 28 de julio al 7 de agosto tanto en la página de la Asamblea así como en la de la U. De Cartagena. Luego, la publicación de la convocatoria con observaciones y modificaciones se publicó del 12 al 22 de agosto. Es decir, del 28 de julio al 22 de agosto estuvo a disposición el acto administrativo de convocatoria pública. Todo se ha hecho dentro del cronograma del Acto Administrativo”, contrapunteó.
Finalmente, Arango detalló que a raíz de la misma transparencia del proceso y del buen manejo legal, se han inscrito 206 aspirantes al cargo, cifra que calificó de inédita. Además, el sábado pasado fue la prueba de conocimiento que contó con vigilancia especial no solo de la U. De Cartagena sino de veedores de la misma Asamblea quienes vigilaron las pruebas, el embalaje de los cuadernillos, la revisión técnica y el traslado de las respuestas por parte de una empresa de seguridad.
Otras fuentes al interior de la Asamblea comentaron que ven con perspicacia y desconfianza como casualmente desde Bogotá –y sobre todo de una entidad adscrita al gobierno Petro como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia– le estén queriendo hacer control a un proceso de una región opositora como es Antioquia.
“Hay un poder de hace muchos años en la Contraloría que lo ha tenido un equipo político que tal vez teme que con un proceso como este lo puedan perder. ¿O sino como explicar esa cantidad de tutelas que pone gente que ni se presentó buscando que un juez interrumpa el proceso por medio de medida cautelar? ¿Cómo explicar que hasta de Bogotá busquen meter mano? Pero el proceso ha seguido porque ninguna tutela ha prosperado. Acá lo que hay es una puja política”, comentó otra fuente.
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