Según puede leerse en el proyecto de ley, este pretende derogar el artículo 32 del PND, argumentando que el mismo entraría en conflicto con el ordenamiento jurídico del país.
“Esta disposición resulta inconveniente para el desarrollo económico del país y vulnera múltiples normas del ordenamiento jurídico colombiano, tanto en el plano procedimental como en el sustantivo, al desconocer principios y derechos fundamentales como la propiedad privada, la libertad de empresa, la autonomía territorial, la participación ciudadana, entre otros”, plasmaron los parlamentarios en el texto.
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En su exposición de motivos, los impulsores de la derogación sostuvieron que dicho artículo del PND se inmiscuiría en la potestad de cada municipio para ordenar su propio territorio, apoyados en análisis provenientes de organizaciones como el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación para el Estado de derecho y ProBogotá Región.
Además de varios congresistas, durante la presentación del proyecto de ley participaron expertos como la abogada Lorena Garnica de la Espriella, quien también impulsa una demanda de constitucionalidad en contra de ese artículo en la Corte Constitucional.
“El gobierno sí tiene unas funciones subsidiarias y concurrentes respecto a las funciones de las entidades territoriales. Sí que podría, e históricamente hay buenos ejemplos, generar unas competencias que apoyen a las entidades territoriales. Eso sí que lo podría hacer. Pero en su lugar lo que se decidió fue invadir las competencias de los municipios y es justo ahí en donde encontramos ese punto de quiebre en el que las entidades territoriales no se sienten cómodas con los usos del suelo que se están definiendo”, expresó la abogada.
Cero y van tres: las Appa declaradas en Antioquia
La intensificación del debate por las Appa ha coincidido con la decisión del Gobierno Nacional de declarar varias de estas figuras en Antioquia, todas en la subregión del Suroeste.
A comienzos de este mes, el primer municipio en verse cobijado por esa declaratoria fue Concordia, en donde el Ministerio de Agricultura declaró como Appa 13.040 hectáreas, equivalentes al 52,6% de su extensión territorial.
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Una semana después el turno fue para Fredonia y Venecia. Mientras en el primero, el área declarada fue de 11.381 hectáreas, equivalentes al 44,80% de la superficie total del municipio; en el segundo el área declarada fue de 3.498 hectáreas, equivalentes al 24,36% de su área.
Además de estos, ha trascendido que el Gobierno Nacional también tiene dentro de sus planes declarar una Appa en el municipio de Jericó.
Dichas declaratorias han desatado un encendido debate, en el que mientras la Nación argumenta que con la medida se busca proteger la agricultura, varios alcaldes y la Gobernación de Antioquia han formulado fuertes reparos.
“Estas nuevas Appa recogen y reconocen la producción agropecuaria de muchas familias y la protección de los suelos que hoy hacen de los alimentos un elemento fundamental en la economía de estos municipios. Con esta declaratoria reafirmamos la decisión de proteger los suelos agropecuarios, y ofrecer a los municipios elementos técnicos que les permiten, en el marco de la reglamentación del uso del suelo, conforme a su facultad constitucional, avanzar en el ordenamiento del suelo rural agropecuario”, ha argumentado la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
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“No estamos tratando de revertir procesos ya consolidados de desarrollos urbanos, ni de cambios de uso del suelo que ya tienen actividad minera, acá estamos protegiendo estos suelos que tienen producción agrícola, o pecuaria, o forestal para garantizar que a futuro mantengan su capacidad de producción”, ha agregado.
En contraste, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha cuestionado las intenciones de la medida y ha insistido en sus presuntos vicios legales.
“Esta declaratoria sí limita la actividad agropecuaria porque restringe los cultivos que no son para alimentación humana. Además, el gobierno Petro decidirá sobre usos productivos del suelo y establecerá restricciones a algunas actividades económicas como el ecoturismo, posadas turísticas y el comercio veredal. Si el municipio tuviera la autonomía como demandan la Constitución y la ley, no estarían ustedes imponiendo estas restricciones como lo hacen con este nefasto instrumento”, expresó Rendón.
“En Antioquia contamos con instrumentos para blindar la seguridad alimentaria: es el Departamento con mayor producción agropecuaria, hemos aumentado cinco veces los recursos del PAE y tenemos la cifra más baja de los últimos 20 años en muertes por desnutrición de niños menores de 5 años. Los antioqueños no queremos, ni necesitamos Appa, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”, agregó el mandatario seccional.
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