Andrés Julián Rendón –candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático– ya fue notificado del llamado a audiencia de imputación de cargos por posibles irregularidades en contratos firmados durante su período como alcalde de Rionegro.
“¿Salen con esto a 29 días de las elecciones? Es complejo vivir en carne propia como algunos usan a los administradores de justicia para intentar sacarnos de la contienda electoral ante su incapacidad de ganar legítimamente en las urnas. Consecuencias de liderar las encuestas”, señaló el candidato Rendón en sus redes sociales.
Es que desde el 19 de septiembre la Fiscalía radicó ante el Juzgado Municipal Penal Mixto de Rionegro una solicitud para llevar a audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento contra el aspirante del uribismo a la gobernación.
Las pruebas de la Fiscalía indican que el político habría cometido supuestas irregularidades al momento de construir dos CAI en el municipio que dirigió en el Oriente antioqueño (2016-19).
“Aún no sabemos por qué es la citación ante la Fiscalía. Se ha rumorado que es por la construcción de un CAI que no está operando. Cada que pasamos por allí vemos cómo funciona y además recuerdo que me sirvieron para reducir el crimen en Rionegro”, añadió Rendón.
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Los datos de la Contraloría, por su parte, indican que el detrimento patrimonial por la construcción de estas obras es de $1.270 millones de pesos.
La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público fue la encargada de denunciar la aparente irregularidad. La organización encontró que en ambos sectores se registraron dos casos de homicidios y les llamó la atención que ninguna autoridad policial –que debía estar presente en el CAI– atendió los casos.
La Contraloría señaló, además, que estas estructuras fueron destinados en lotes que tenían un propósito distinto. Uno de ellos fue levantado sobre un predio que pertenecía a privados y el otro se construyó sobre un lugar que estaba destinado a un gimnasio al aire libre.
En el proceso contra Rendón también serían incluidos Hernán Darío Álvarez y Hugo Alberto Parra, exsecretarios de gobierno del ahora aspirante a la Gobernación de Antioquia.
“El principio de presunción de inocencia permanece intacto y nosotros actuaremos conforme con la ley y esperamos un debido proceso. Asistiremos a la cita con la justicia para enterarnos de qué hechos se trata y activar nuestra defensa.”, puntualizó el candidato.
