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Alcaldía de Medellín ratificó que víctimas de CDO deben pagar vigilancia de un edificio
Las familias desalojadas de Continental Towers en 2013 habían apelado una orden que los responsabilizó por los problemas de seguridad del sitio, pero el recurso fue negado por el Distrito.
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En el edificio Continental Towers, en El Poblado, los vecinos siguen denunciando que hay saqueos. FOTO: CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ
23 de agosto de 2022
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La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín reafirmó en segunda instancia la polémica orden con la que las víctimas de Continental Towers, uno de los edificios con fallas estructurales de El Poblado construido por CDO, fueron obligadas a encargarse de la seguridad de ese lugar, al que paradójicamente no tienen permitido entrar desde hace nueve años.
La decisión quedó plasmada en una resolución emitida el pasado 17 de agosto, en la que esa dependencia de la Alcaldía de Medellín resolvió una apelación que se había interpuesto.
“La Secretaría de Gestión y Control Territorial, en uso de sus atribuciones legales y/o reglamentarias, resuelve confirmar íntegramente el acto administrativo contenido en las órdenes de policía No. 124 y 125”, se lee en el documento en el que se desestiman las reclamaciones de las víctimas.
Tal como lo ha venido contando EL COLOMBIANO desde 2020, las ruinas de Continental Towers se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes y transeúntes de El Poblado, que denuncian que la estructura está siendo desmontada por ocupantes irregulares, que venden sus materiales de forma ilegal.
A raíz de su precaria estabilidad, la situación ha despertado las alarmas de los habitantes de su zona circundante, que temen que el edificio se desplome en medio de esa demolición gradual sin control.
Así mismo, hay preocupación porque el sitio está siendo habitado por población vulnerable, que también estaría en riesgo en caso de un colapso.
Pese a ser desalojado desde 2013, cuando la Alcaldía declaró la urgencia manifiesta, los problemas de seguridad de la zona iniciaron en 2020, cuando la constructora en liquidación que levantó la obra, Alsacia CDO, le notificó al gobierno local no tener más recursos para encargarse de la vigilancia.
Luego de que una unidad residencial interpusiera denuncias reclamando acciones de las autoridades para garantizar la seguridad, la situación dio un giro en el pasado 21 de julio, cuando la inspectora catorce de Policía Urbana de El Poblado, identificada como Luz Estella Giraldo Villegas, emitió un acto en el que responsabilizó de esos problemas a los antiguos propietarios desalojados en 2013.
Tras considerarlos responsables de “incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia”, esa inspectora ordenó a las víctimas a encargarse del cerramiento y el mantenimiento del lugar.
Antes de esa decisión, estas habían pedido a esa inspección vincular a la Alcaldía en el proceso y llamar en garantía a la constructora en liquidación, recibiendo un no como respuesta.
Considerando que el acto se trataría de una arbitrariedad, las víctimas interpusieron el recurso de apelación que fue negado este 17 de agosto, en el que argumentaban fallas en el debido proceso.
“(...) se desestiman los planteamientos formulados por la apoderada de condominio Continental Towers, razón por la cual, no se accederá a revocar el acto administrativo emitido”, plasmó la Secretaría de Gestión Territorial en su resolución, firmada por el jefe de esa dependencia Carlos Mario Montoya Serna.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, el equipo legal de las víctimas no descarta llevar el proceso a la justicia, en donde eventualmente podría ser revisado por el Consejo de Estado.
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