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Antioquia | PUBLICADO EL 02 mayo 2022

Al Suroeste se lo pelean otros 36 títulos mineros

Más allá de Quebradona, cerca de 20.363 hectáreas podrían ser entregadas por la Gobernación para exploración minera.

  • Bosque de niebla, en Támesis, uno de los que aparece en los 36 títulos que podrían otorgarse en el Suroeste. FOTO: Esteban Vanegas
    Bosque de niebla, en Támesis, uno de los que aparece en los 36 títulos que podrían otorgarse en el Suroeste. FOTO: Esteban Vanegas
  • Bosque de niebla, en Támesis, uno de los que aparece en los 36 títulos que podrían otorgarse en el Suroeste. FOTO: Esteban Vanegas
    Bosque de niebla, en Támesis, uno de los que aparece en los 36 títulos que podrían otorgarse en el Suroeste. FOTO: Esteban Vanegas
Jacobo Betancur Peláez

Pese a que la Anla archivó este fin de semana el trámite de licencia ambiental de la mina Quebradona, en Jericó, en los escritorios de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia permanecen 36 solicitudes de títulos mineros, lo que tiene crispados los ánimos en cinco municipios del Suroeste antioqueño. Esas iniciativas están en su fase inicial y apenas piden pista para comenzar labores de exploración.

Ubicados principalmente en la jurisdicción de Andes (pero también de otros cinco municipios), los títulos abarcan 20.363 hectáreas, en un terreno que incluye zonas de alta importancia ambiental, como la Cuchilla Jardín - Támesis o el nacimiento de varias quebradas que abastecen los acueductos veredales de más de 1.400 familias.

Nolasco Gómez, presidente de la Mesa Ambiental de Andes, explica que la principal preocupación de las organizaciones ambientales está en que las zonas pedidas para la exploración minera están en puntos de alta riqueza hídrica.

“En Quebrada Arriba, que es donde tomamos el agua en el acueducto de la cabecera urbana de Andes, hay una solicitud minera de más de 570 hectáreas. Lo mismo ocurre en una vereda que se llama La Argentina, en límites con Jericó y Támesis. Ahí hay una estrella hídrica donde nace el río Piedras de Jericó y para el lado de Andes nace la quebrada Chorros Blancos”, explica Gómez, sosteniendo que el inicio de actividades mineras en esas zonas pondría directamente en riesgo ese recurso vital.

Justamente por estos y otros puntos, ciudadanos de Andes salieron a las calles para protestar por el otorgamiento de los títulos, aseverando que la Secretaría de Minas no escucha sus reclamos.

Ese tire y afloje también llegó a los estrados judiciales, cuando las organizaciones ambientales se le atravesaron con una tutela a una audiencia de concertación que se buscaba realizar en Andes para discutir el tema.

Aunque con dicho espacio el Departamento buscaba socializar los proyectos, la audiencia ha sido vista con recelo por las organizaciones ambientales. Primero, porque su realización permitiría dejar listo uno de los requisitos necesarios para otorgar los títulos y, segundo, porque esa reunión estaba programada para realizarse únicamente en Andes, pese a que el área licenciada también incluye terrenos de Jardín , Betania, Jericó, Támesis e Hispania.

Por esta última razón, el pasado 28 de abril, un juez de Andes emitió un fallo de segunda instancia con el cual suspendió el proceso y obligó a la Secretaría a concertar con los demás municipios afectados.

Aunque la Secretaría de Minas no ha dado muestras de avanzar en ese sentido, las organizaciones ambientales dicen estar alerta, en caso de que los trámites se reactiven.

Para conocer su versión sobre este debate, EL COLOMBIANO envió un requerimiento desde el pasado 30 de marzo a la Secretaría de Minas, pero hasta el cierre de esta edición esa dependencia se abstuvo de pronunciarse.

20
mil hectáreas comprende el área que se busca titular en el Suroeste de Antioquia.

Contexto de la Noticia

radiografía Los coletazos de un vacío jurídico

Aunque con el fallo del 28 de abril, el trámite de las 36 solicitudes quedó en veremos, detrás de la controversia en Andes se mantienen las dudas de fondo por los mecanismos de participación ciudadana que fueron ordenados por la Corte Constitucional para los títulos mineros, en la sentencia C-95 de 2018. Aunque en esa decisión el Congreso fue exhortado a legislar sobre este asunto, aún no se ha promulgado ninguna ley que lo regule. Pese a que, por ahora, esa participación se surte a través de un mecanismo aprobado por la Nación que incluye la firma de actas y la realización de audiencias, en Andes se cuestiona que los títulos se sigan otorgando en medio de ese vacío jurídico.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.

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