A bombo y platillos anunció la Alcaldía de Medellín, el pasado noviembre, la imposición de multas a quienes distribuyeran, vendieran o quemaran pólvora. Sanciones entre $690.000 y 12 millones, decían los funcionarios.
Como cada diciembre, la pólvora retumbó en el Valle de Aburrá. Hubo menos quemados, sí. Pero la pregunta seguía vigente: ¿cuántas multas se impusieron? Este periódico preguntó en la Alcaldía y la respuesta, en modo “carreta”, es que depende de que los inspectores de Policía apliquen la norma. Todo resultó pura pirotecnia burocrática.
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