El presidente Iván Duque, finalmente, tomó la decisión que estaban esperando muchos en Colombia. Le pidió la renuncia a su ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Karen Abudinen, por el manejo del cuestionado y millonario contrato para conectar a 7.277 colegios en veredas y zonas rurales del país en 15 departamentos.
Su permanencia en el Gobierno era insostenible. La Procuraduría le abrió investigación formal para determinar responsabilidades disciplinarias. La Fiscalía también la citó a entrevista para que explique las irregularidades que presuntamente se presentaron en el sonado contrato. Y en el Congreso enfrentó moción de censura. Esto sin contar con la presión ciudadana y política para que abandonara el cargo.
Lo lógico habría sido que, una vez estalló el escándalo hace casi dos meses, la propia funcionaria hubiera dado un paso a un costado o que el propio presidente de la República la hubiera apartado del cargo. Pero nada de eso ocurrió. Abudinen se aferró a la cartera y el primer mandatario la respaldó. Hace apenas cuatro días, en entrevista con este diario, el presidente la defendió alegando que fue la ministra la que caducó el contrato, que fue ella quien los denunció y que, gracias a su gestión, se hicieron embargos a los implicados que duplican el valor del anticipo. En efecto, es justo reconocer que la ministra y el Estado se movieron de manera ágil para que el descalabro se recompusiera a tiempo, cuando apenas se habían girado setenta mil millones de pesos del anticipo y así, al menos, se evitó el desangre del total del contrato: un billón de pesos.
Sin embargo, no deja de sorprender que el presidente Duque se la haya jugado por su ministra, generando con ello un ruido de corrupción, innecesario para su gobierno.
El mandatario, incluso con cierto sarcasmo, le dijo a este diario: “Yo entiendo que en este país uno de los platos favoritos es comer ministro al horno y creen que los problemas se resuelven con que alguien ponga la cabeza”. Y sí... Puede que los problemas no se resuelvan con que alguien ponga la cabeza. Pero también es cierto que los casos de corrupción tienen que tener una sanción inmediata y ejemplar. Aunque el Ministerio hizo las denuncias contra la Unión Temporal Centros Poblados ante la Fiscalía, desde el 25 de junio, así como ante la Contraloría y la Procuraduría, eso no sustituye el hecho de que la ministra asumiera su responsabilidad política por el manejo del contrato, en el que fue, cuando menos, negligente. Las explicaciones que ha dado ella parecen corroborarlo: “Desafortunadamente, nos engañaron”, dijo la ministra durante el debate de control político.
Que alguien, por favor, le diga a la ministra que, precisamente, su tarea es evitar que “nos engañen”. Sabemos que no es fácil. Pero se corren menos riesgos de que “nos engañen” cuando se hace una revisión minuciosa de quiénes conforman las empresas que están compitiendo por el contrato, tarea que debe hacerse, más aún, en casos como este, cuando unos desconocidos le ganan a reputadas empresas del sector.
La renuncia fue, pues, tardía, le causó daño a la ya maltrecha imagen del Gobierno y, sobre todo, dejó un sabor a frustración entre cientos de miles de niños y niñas del campo, quienes, por ahora, tienen que seguir esperando el internet —como el coronel, su pensión—
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