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Un fallo histórico y doloroso
El fallo, que llega casi treinta años después de que se presentara la demanda en contra del Estado, es un alivio para las víctimas que han trasegado durante todos estos años en busca de verdad y protección.
El fallo del caso de la UP por el cual fue condenado el Estado colombiano debería ser aprovechado para sacar lecciones que contribuyan a que tengamos un mejor país. Lo peor que podemos hacer es pensar que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido este lunes, se trata de un fallo más.
Es el veredicto de un tribunal internacional sobre nuestro país. Es un fallo histórico que encierra varias tristezas: el dolor del exterminio ocurrido, pero también ese sentimiento de fracaso de un país que con este fallo ratifica que sigue enredado en la violencia.
Todas las páginas del fallo se pueden resumir en una sola conclusión: matar no paga; matar no resuelve los problemas, los empeora; matar les hace daño no solo a las víctimas si no a los victimarios que terminan envueltos, ellos y sus familias, en un laberinto de violencia como ha terminado enredado el país por décadas .
La CIDH en su fallo dice que desde 1984, y durante veinte años, fueron asesinados más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica. Que se trató de una máquina de muerte que integró a grupos paramilitares y a agentes del Estado, que borraron a un partido político que surgió de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc.
Los números son escalofriantes: 521 casos de desaparición forzada, 3.179 de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 de desplazamiento forzado, 64 de tortura, 285 atentados y otras formas de violencia que arrinconaron a una fuerza política que para las elecciones de 1986 obtuvo 14 escaños en Cámara y Senado, 18 diputados y 335 concejales en todo el país.
En Antioquia fueron asesinadas 271 personas —según el Observatorio de Memoria y Conflicto—, muchos eran académicos ligados a la Universidad de Antioquia, como lo fue el médico y profesor Pedro Luis Valencia Giraldo, quien llegó a ser Senador de la República. Recordemos cómo fue para ponerle al menos un rostro a todas estas cifras: antes de las 6 de la mañana, en su residencia, en el barrio La América, en Medellín, “varios hombres tocaron el timbre y Beatriz Zuluaga (su esposa) fue a mirar quiénes eran. Dijeron que tenían una orden de allanamiento para buscar armas. Ella supo que no querían armas, sino a su esposo; pero ya era tarde: una camioneta tipo jeep chocó contra la puerta de su garaje y hombres armados entraron a la casa. Pedro Luis se había levantado debido al ruido; desde la ventana, un hombre lo derribó de un disparo; luego, otro que se había bajado del jeep le descargó 45 balas de una ametralladora” (tomado de Hacemos Memoria).
El fallo, que llega casi treinta años después de que se presentara la demanda en contra del Estado, es un alivio para las víctimas que han trasegado durante todos estos años en busca de verdad y protección. Hoy, cientos de colombianos viven en diferentes ciudades del mundo porque sus padres, sus esposos o sus hijos fueron asesinados en una persecución política irracional.
La Corte le impuso al Estado colombiano 19 tareas para reparar a las víctimas que van desde la obligación de abrir o reabrir las investigaciones a que haya lugar en menos de dos años para establecer la verdad de las graves violaciones en este caso; hasta el pago de indemnizaciones que suman cerca de 1 billón de pesos; pasando por brindarles tratamiento médico y sicológico a las víctimas, construir un monumento en memoria de ellas y todo tipo de actividades de debate y divulgación para evitar que se repita.
La tarea será un tremendo desafío para el país. Seguramente se cruzará con los otros procesos (¿o heridas aún abiertas?) que se siguen en el país: el de Justicia y Paz con los paramilitares del gobierno de Álvaro Uribe, el de la Ley de Víctimas y el Acuerdo de Paz con las Farc de Juan Manuel Santos, y con el presidente Petro la propuesta aún no clara de la “Paz total” con las bandas criminales más este fallo de la UP.
La elección de Gustavo Petro como presidente de la República es una señal clara de que el país ha cambiado, al menos en cuanto a permitir la llegada al poder de propuestas políticas diferentes, y de que la democracia se ha fortalecido. Aida Avella, una de las figuras más importantes de la UP, ejerce hoy su curul en el Senado después de que el Consejo Nacional Electoral le devolviera la personería jurídica al partido.
Lamentablemente el país sigue siendo violento. Según la ONU han sido asesinados 355 excombatientes de las Farc que estaban apostándole a la paz y en los primeros tres meses de gobierno de Gustavo Petro asesinaron a 35 líderes sociales.
Podemos hacer muchos procesos. Podemos levantar muchos monumentos. ¿Pero qué tal si vamos a lo más elemental y no nos seguimos matando? .