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El lío del Presupuesto General de la Nación sigue retumbando en la opinión pública. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo dijeron tajantemente el viernes: el presupuesto de $575 billones que radicó el gobierno de Petro era “mentiroso”; el nuevo, por $635 billones, es “el de la verdad”.
Apenas ahora el país comienza a dimensionar que el manejo desordenado y populista de las finanzas del anterior gobierno se tradujo en un déficit fiscal del 7,8% del PIB —el segundo más alto del mundo, según el propio Gómez, solo superado por Egipto— y una deuda pública del 60% del PIB. Gustavo Petro dejó las finanzas del país como si Colombia hubiera atravesado una segunda pandemia.
Para dimensionar lo que significa el nuevo monto del presupuesto, vale decir que equivale a unos $12 millones por cada colombiano y, de esos, apenas $5,9 millones salen de impuestos; el resto es plata prestada, según las cuentas de servilleta que hizo el columnista David González.
Llegó la hora de pagar la factura. La pregunta ya no es de quién es la culpa, porque eso ya está claro, sino qué debe hacer el país para pagarla sin quebrarse en el intento.
Por supuesto que el país no puede olvidarse de la enorme responsabilidad que les cabe a Petro y al petrismo en este descalabro fiscal, sobre todo porque será importante recordarlo cada vez que alguno de ellos pretenda dar lecciones sobre cómo se conduce un país. Pero, sin duda, toca ya coger el toro por los cuernos, hacer los ajustes que se necesiten, por difíciles que sean, antes de que la crisis fiscal deje tirado en la arena al país.
Vale hacer un breve inventario del hueco que dejó Petro para entender la magnitud del ajuste. Su gobierno radicó en el Congreso un proyecto de presupuesto que dejó por fuera obligaciones ya contraídas por el Estado por más de $20 billones. Y, como si fuera poco, no contabilizó $37,4 billones del servicio de la deuda. De ahí sale la diferencia de casi $60 billones frente al presupuesto sincerado por el gobierno De la Espriella.
Pero, además, el presupuesto que Petro radicó estaba desfinanciado en $30 billones, es decir, incluía rubros para los cuales no dejó claro cómo iba a conseguir los recursos. Así las cosas, estamos hablando de que el gobierno anterior omitió, subestimó o dejó sin financiación gastos por más de $80 billones.
A ese hueco se le suma la reconstrucción de cientos de municipios afectados por el terremoto, para la cual se manejan cifras aún no consolidadas de entre $30 y $40 billones. El Gobierno ha insistido en que atenderá la emergencia sin subir impuestos ni recurrir a deuda nueva, con recursos del Fondo de Desastres, regalías y créditos multilaterales.
Por eso, a nadie debería sorprender el salto que pegó el presupuesto de “la verdad”. Incluso, la diferencia habría superado los $60 billones si no fuera por un primer recorte de $17,4 billones que el ministro de Hacienda ya anunció. Y esa es apenas la cuota inicial del apretón que se avecina. El ministro ya anunció un recorte adicional de $21,9 billones en el presupuesto de este año y radicará ante el Congreso una Ley de Rescate Económico que busca un ajuste estructural de 2,2 puntos del PIB en 2027 —unos $47 billones—.
Ahí está el verdadero quiebre: si el ajuste se aprueba y se sostiene, el propio Gobierno proyecta que el balance primario llegue al equilibrio en 2030 y la deuda se estabilice. Si no se logra, el déficit primario se quedaría en menos 4,3% del PIB y la deuda seguiría, en palabras del propio Ministerio, una “senda explosiva” hasta el 82% del PIB en 2030. Es decir, no hay dos alternativas, solo hay una: la del ajuste.
Y el ajuste implicará sudor y lágrimas, si tenemos en cuenta que los gastos de funcionamiento pasaron de $211 billones en 2022 a $392 billones para 2027. Dentro de este rubro, los gastos de personal pasaron de $38 a $72 billones. Casi se duplicó el gasto en burocracia. Aún más inquietante es el servicio de la deuda, que casi se triplicó: pasó de $60,2 billones en 2022 a $155,4 billones el año entrante. Solo los intereses, $94,4 billones, ya costarán más de lo que el país invierte en sí mismo: $87 billones.
En medio de este panorama complicado, una buena noticia es que desde mediados de este año los mercados han empezado a creerle al ajuste. El CDS a cinco años de Colombia —el indicador que mide qué tan riesgoso ven los inversionistas prestarle al país— se ha corregido 93 puntos básicos, ocho veces el promedio de lo que han mejorado otras economías emergentes comparables, y la mayor corrección entre una muestra de 27 países. No es un cheque en blanco, pero es la primera vez en mucho tiempo que el mercado le da un voto de confianza a Colombia en lugar de cobrarle la cuenta por adelantado.
Sincerar las cuentas fue el primer paso, y ya se dio. Lo que sigue es que el Congreso respalde la Ley de Rescate y que el Gobierno sostenga el ajuste durante los próximos tres o cuatro años. Ese es el verdadero examen que ahora le espera a Colombia: pagar la cuenta sin quebrarse en el intento.