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Hay una escena que se repite en uno que otro hogar colombiano: de repente el encargado de ver por la familia se va y quienes quedan a cargo, al abrir los cajones, encuentran un montón de cuentas por pagar que prefirió dejar engavetadas en vez de pagarlas.
Eso es, en esencia, lo que le ocurrió al gobierno de Abelardo de la Espriella cuando se sentó a revisar el Presupuesto General de la Nación que Gustavo Petro había radicado para 2027. Lo que el gobierno anterior había calculado en 575,6 billones de pesos en realidad costaba 634,9 billones.
La diferencia es monumental: casi 60 billones de pesos.
Y no se trataba de gastos imprevisibles que aparecieron después. Eran obligaciones que ya existían y que al gobierno Petro se le ‘olvidó’ incluir: $6,5 billones para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos y $700.000 millones para universidades, entre otros rubros.
No estamos ante un error de redondeo. Estamos hablando de una montaña de plata. Con $60 billones se podrían financiar cerca de tres líneas del metro de Bogotá como la que está actualmente en construcción. Es también una suma comparable al costo de levantar tres o más centrales hidroeléctricas de la dimensión de Hidroituango.
Y aparece entonces la pregunta inevitable: ¿el “error” fue intencionado o fue torpeza?
Las dos posibilidades son graves. Las dos posibilidades no son excluyentes y, si se miran con calma, da lo mismo. Si fue con intención, estaríamos frente a una suerte de maquillaje que podría configurar un fraude contra la Nación. Si fue torpeza —si de verdad no supieron calcular cuánto cuesta administrar a Colombia—, puede ser igual de grave: la incompetencia al frente de la administración del Estado hace tanto daño como la corrupción.
La diferencia es que al corrupto la justicia puede perseguirlo. Al incompetente solo queda lamentarlo, y sus costos suelen quedar repartidos entre millones de contribuyentes.
Aquí llegamos al fondo del asunto: este episodio no es un accidente aislado, es la consecuencia de ese desprecio sostenido por el mérito que se volvió costumbre en el gobierno de Gustavo Petro. Cuando Petro afirma que la técnica debe arrodillarse ante la política y no al revés, o cuando reduce a los expertos a “seudotécnicos” al servicio de intereses ocultos, no está denunciando una tecnocracia corrupta —que también existe y merece crítica—, sino descalificando de un plumazo el método mismo con el que la humanidad ha aprendido a distinguir lo cierto de lo deseado. Desde que Galileo se atrevió a mirar el cielo con otros ojos, Occidente construyó, con enorme esfuerzo, la idea de que el saber se valida por evidencia y no por consenso popular ni por decreto presidencial.
La salida de Belizza Ruiz del Ministerio de Minas en enero de 2023 fue uno de los primeros síntomas de ese mismo mal: una funcionaria con maestría, doctorado y tres posdoctorados en energías renovables señaló que el informe sobre reservas de gas y petróleo tenía errores técnicos, mientras la ministra Irene Vélez insistía en sostener, desde ese mismo documento cuestionado, la decisión política de no firmar nuevos contratos de exploración. El desenlace no fue corregir el informe, sino sacar a quien lo objetó. Hoy Colombia, por primera vez en su historia, está importando hasta el 20% del gas que necesita. Los hechos se han encargado de mostrar el desastre que produce el desprecio por los técnicos.
El nombramiento de Alexánder López al frente del Departamento Nacional de Planeación terminó convertido casi en una metáfora: cuando fue cuestionado por no ser economista, el dirigente político respondió: “Las matemáticas me dieron muy duro”. Por no hablar de cómo el Gobierno intentó convertir a la Universidad San José en fábrica de diplomas a la medida de activistas del petrismo para acreditar requisitos académicos necesarios para ocupar cargos en el Estado.
El mérito no es una extravagancia. Es uno de los mecanismos que tiene una sociedad para proteger al Estado de la improvisación. La experiencia para manejar los asuntos de los colombianos no se adquiere participando en una campaña electoral.
Este hallazgo del presupuesto es como una radiografía que permite entender mejor buena parte de lo ocurrido durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Muestra dos enfermedades: un Estado que gastaba por encima de sus posibilidades y un gobierno que, al final, ni siquiera reconocía adecuadamente todas las cuentas que debía pagar.
Y el problema es que las malas cuentas de un gobierno no permanecen dentro de los informes oficiales. Tarde o temprano llegan a la economía real. Y entonces aparece una pregunta inevitable: ¿cuántas cosas más se manejaron durante cuatro años con semejante ligereza?
Un presupuesto no es solo una hoja de cálculo: es la fotografía moral de un gobierno. Y la que dejó Petro —pensiones sin plata, salud sin plata, universidades sin plata y micrófono en mano para hablar de justicia social— es la crónica de un descalabro anunciado por cada economista, cada exministro de Hacienda, cada voz técnica que fue tildada de oligarca por advertir exactamente esto. No hace falta ser adivino para prever un desastre; a veces basta con saber sumar. Lo que faltó no fue vidente. Faltó contador.