Al enorme revuelo generado por el trámite de la moción de censura y la posterior renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, hay que contraponerle un análisis de por lo menos tres factores que tienen relevancia en todo este proceso: la naturaleza de la moción de censura, la política de seguridad del Gobierno, y los alcances y efectos del operativo militar en el que murieron ocho menores de edad.
La moción de censura es un instrumento de control político que la Constitución de 1991 le entrega al Congreso para que examine, y en su caso repruebe, con efectos políticos severos, a un miembro del gabinete. En este caso, así se hizo con el ministro Botero. La moción de censura fue sustentada por los voceros de varias bancadas de oposición e independientes, y el ministro se vio sobrepasado por el cúmulo de juicios adversos a su gestión.
No puede decirse que haya quedado completamente expuesto, pues en algunos puntos logró defenderse con contundencia, pero el número de votos alcanzados por quienes iban a votar la moción de censura obligaron su retiro anticipado. Hizo bien al retirarse del gabinete para evitarle más desgaste al Gobierno, a la vez que abre la oportunidad de nombrar un ministro o ministra expertos en políticas de seguridad y defensa, con mayor acogida entre la oficialidad y en el mismo Congreso.
En lo que se equivocan los opositores es en pretender que el Gobierno cambie sus políticas y estrategias de seguridad para asumir las de la oposición. Ésta tiene derecho a promover sus propuestas, pero no a imponer al Gobierno elegido en las urnas que desista de las suyas.
Obviamente, estos debates sirven para que el Ejecutivo afine y ajuste la ejecución de políticas que no están funcionando. Hay una preocupante sensación de que las Fuerzas Armadas han perdido operatividad y eficacia, bien sea por inercias vigentes del apaciguamiento proveniente desde el Gobierno pasado, bien por un temor que resurge entre la oficialidad de ser acosados política y judicialmente si adelantan operativos exitosos contra cualquier actor violento ilegal.
De la misma forma, no queda bien el empeño de algunos parlamentarios en persistir con el trámite de una moción de censura contra un funcionario ya retirado. No solo es cuestionable constitucionalmente sino que indica un afán de ir más allá del control político para pasar al encarnizamiento. Aunque la moción no se votó, ya el efecto político previsto para estos casos está agotado: la renuncia del ministro impugnado.
Queda abierta, sin embargo, la muy compleja situación derivada de la muerte de ocho menores de edad. El comandante del Ejército asegura que no sabían de presencia de menores en el territorio que atacaron militarmente para dar de baja al jefe de un reducto de la guerrilla disidente de las Farc. El personero de la población dice que él advirtió de ello previamente varias veces.
Los políticos de oposición y muchos sectores están cargando toda responsabilidad en la Fuerza Pública. El Gobierno responde, con buenas razones, en que hay que denunciar a quienes usan a menores de edad como escudos para tener una salvaguarda ante la intervención militar legítima del Estado. Ese crimen violatorio del Derecho Internacional Humanitario hay que denunciarlo y no incurrir de nuevo en su justificación política o judicial.
Regístrate al newsletter