El país sabe que el avance hacia el progreso económico y social requiere de un conjunto de reformas estructurales que impulsen una economía más productiva, un crecimiento más acelerado, una sociedad más incluyente y equitativa, y un desarrollo sostenible en el tiempo. Sin embargo, la concresión de dichas reformas ha marchado a ritmo lento y no siempre ha ido en la dirección deseada.
No obstante que en años recientes diversos expertos (nacionales e internacionales) han ahondado sobre las causas, el carácter y la magnitud de los problemas estructurales que se enfrentan en diversos campos y que se dispone de un conjunto amplio y variado de recomendaciones sobre las políticas y las acciones que deben ponerse en práctica, no ha existido la voluntad política suficiente para concretar las anheladas reformas.
Lo que ocurrió con la reciente reforma tributaria pone de presente la gran dificultad que existe en el país para encontrar un consenso mínimo alrededor de la magnitud de las problemáticas, el tipo de soluciones a aplicar y las acciones que deben emprenderse.
Mientras que la comisión de expertos tributarios propuso una reforma que respondía a la solución efectiva de los distintos problemas estructurales que se enfrentan en esta materia, el Gobierno presentó al Congreso de la República un texto de reforma que, aunque se basaba en la propuesta de los expertos, no la aplicaba completamente.
Al final, el Congreso, con la anuencia del Gobierno, terminó aprobando una reforma que se quedó muy corta frente a la problemática existente, al punto que algunos analistas consideran que en los próximos dos años se tendrá que adoptar una nueva reforma tributaria.
Los diversos (y poderosos) intereses de tipo económico y político existentes alrededor de esta clase de problemáticas se han convertido en los reales frenos para concretar las transformaciones sociales que el país demanda. De allí que diferentes sectores sientan frustración y se muestren desilusionados con los limitados avances que se tienen. A raíz de la realización del X Congreso de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) se volvió a poner sobre la mesa la necesidad y la urgencia de implementar la reforma pensional que, a juicio de muchos, debe ir, necesariamente, acompañada de la reforma laboral que asegure la creciente formalización del trabajo.
Aunque en años recientes el sistema pensional colombiano ha sufrido algunos ajustes importantes, la problemática que en esta materia se viene enfrentando se ha agudizado, poniendo en riesgo no solo la sostenibilidad fiscal del país sino la estabilidad social.
Además, el sistema continúa siendo altamente inequitativo, pues los grandes privilegiados con las pensiones son los grupos minoritarios de mayores ingresos, mientras que el grueso de la población de mayor edad no cuenta con una mesada.
Como el tema pensional tiene un carácter intertemporal que hace que las omisiones del presente repercutan sobre las generaciones venideras, resulta urgente afrontar, desde ahora y con un alto sentido de responsabilidad, la situación y no salir con una reforma menor o con su aplazamiento indefinido.
En el Congreso de Asofondos se conocieron los puntos de vista y las propuestas de diversos especialistas y sectores (incluido el Gobierno) sobre el tipo de reforma pensional que el país debe implementar. Lo que sigue ahora es, sin más dilaciones y excusas, hacerla realidad con el apoyo decidido de los distintos sectores de la sociedad.
