La colisión de derechos, a partir del transporte de parrilleros hombres en las motocicletas, se resolvió a favor de la protección de la libre movilización de quienes usan esos vehículos. Al tiempo, se plantea la expectativa por ver qué tan capaces serán las autoridades de garantizar la seguridad en las calles, a veces amenazada por delincuentes que aprovechan ese transporte, ágil y rápido, para el hurto (fleteos y raponazos), y en los peores casos para el sicariato.
Ya la Alcaldía de Medellín -ciudad núcleo del Valle de Aburrá y directa involucrada en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que tumbó la prohibición del parrillero- anunció un plan de choque para evitar cualquier aumento de la criminalidad.
La administración municipal ha sido enfática en señalar que desde que se tomó la medida disminuyeron los homicidios y el hurto de carros, con progresiones porcentuales favorables, en 2013, 2014 y 2015. Para nadie es un secreto que la maniobrabilidad de las motos (por espacio y velocidad) favorece el ataque y el ocultamiento de los delincuentes.
Incluso durante la vigencia de la restricción al parrillero hombre, los ladrones siguieron usando esos vehículos, aunque con menos facilidad, en grupos de dos y tres aparatos, y solo con el conductor a bordo, para asaltar en los cruces semafóricos de mayor congestión y en sitios solitarios y de iluminación precaria.
Ahora la Alcaldía, en cabeza de su equipo de seguridad urbana, anuncia que habrá más operaciones estructurales contra la delincuencia, lo cual implica que hasta el 31 de diciembre próximo se pasará de 78 operativos a 139 y que estarán en acción “34 comandos situacionales” en sectores clave, dada la densidad de motociclistas que allí circulan.
El anuncio tiene particular importancia porque hay barrios de la periferia urbana en los cuales se infringieron y se infringen masivamente las normas de seguridad para las motocicletas: uso del casco, del chaleco reflectivo después de las seis de la tarde y transporte de uno o más parrilleros, incluso hombres cuando estuvo prohibido.
Esto significa, como lo señalaron algunos críticos de la medida desde el principio, que en vez de acudir a la restricción se deben implementar más y mejores mecanismos de control en materia policial y de tránsito, para evitar con ello la presunción de la mala fe en los usuarios de motos y su estigmatización automática como potenciales infractores de las leyes.
Serán también los mismos motociclistas, con sus gremios y organizaciones cívicas, los que aporten otro grano de arena ahora que recuperan parte de un derecho que les había sido restringido: cooperar con la Policía Metropolitana y las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá, para que el tráfico de motos sea ordenado y seguro, para ellos mismos y para los demás ciudadanos de Medellín y otros municipios.
Deben crecer la pedagogía, las campañas de movilidad, para reducir la epidemia de accidentes que involucra a motociclistas, y debe avanzar el espíritu de apoyo a los organismos de seguridad para impedir que el desmonte de la prohibición al parrillero se convierta en la oportunidad de más robos callejeros.
Siempre hemos creído en el respeto de los derechos que amparan la Constitución y la Ley. Y en este caso singular, es tan importante que se proteja la economía de miles que usan la moto como solución de transporte, como cuidar la seguridad del resto de la ciudadanía de una Medellín que no quiere dar marcha atrás en su seguridad urbana.
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