Es el momento político más complejo del doble mandato del presidente Juan Manuel Santos y donde el panorama aparece más incierto. El mismo Gobierno ya no niega la difícil coyuntura, también la económica, y subraya la acuciante tarea de equilibrar las finanzas públicas, de tapar el “hueco fiscal”.
Con los tiempos corriendo en contra, con el Congreso amagando disidencias, el ministro de Hacienda presentó el proyecto de reforma tributaria. El solo nombre indica para muchos el pago de más impuestos y la inconformidad propia de quienes verán tocados sus bolsillos. No obstante, son momentos cruciales en los que hay que tomar decisiones y la enorme responsabilidad de los congresistas queda a prueba. Al igual que la responsabilidad de sectores que hasta ahora han apurado por la aprobación de esta reforma, pero cuya coherencia se verá en juego al ver si están dispuestos a aportar lo suyo, o por el contrario activan cabildeos para exonerarse de tal responsabilidad.
El proyecto de reforma tiene elementos de integralidad. Tiene potencialidad de solucionar varios de los problemas estructurales del sistema tributario. Es equitativa en cuanto amplía la base tributaria a las personas con mayores ingresos (superiores a 5 millones de pesos). No castiga con incrementos del IVA la canasta de bienes básicos, que consumen mayormente los grupos de menores ingresos. Sí incrementa dicho impuesto del 16 al 19 % en muchísimos otros productos y servicios.
La reforma puede impulsar la competitividad, al reducir la tributación de las empresas. Esto importa a la hora de fomentar la generación de empleo e inversión, base del crecimiento y el desarrollo del país. También contiene medidas necesarias para el control de la evasión. Entre ellas, las nuevas reglas para las fundaciones sin ánimo de lucro, algunas de las cuales han sido fuente muy grande de evasión.
Hay medidas controversiales, por supuesto. El gravamen que se impondría a periódicos y revistas, el impuesto a las gaseosas, bebidas azucaradas y al tabaco. En el segundo caso una de las finalidades declaradas es atajar los problemas de salud pública con la obesidad infantil y la diabetes, pero también aportar al sostenimiento del sistema de salud, deficitario crónico. En el caso del tabaco, siendo clara su conexidad con el cáncer y los costos del sistema de salud, su gravamen exorbitante lo que hace es disparar el contrabando.
La efectividad de la reforma requiere el fortalecimiento de la Dian para lograr aplicar las medidas antievasión y el control del contrabando. Para el Gobierno implica el reto de asegurar la eficiencia en el gasto público y la disminución de la hiperburocratización del Estado. Y, evidentemente, cortar el chorro de recursos destinados a la corrupción política y administrativa. No se pueden pedir sacrificios a los ciudadanos cuando todos ven cómo sus impuestos van a bolsillos de quienes controlan la gestión pública.
El Congreso debe mantener el carácter estructural de la reforma y no debe dejarse llevar por los intereses particulares de diferentes sectores y grupos económicos o políticos. También es necesario asegurar la coherencia interna de la reforma, para lo cual se debe garantizar que se cumple con los objetivos señalados por la Comisión de Expertos. Finalmente, la reforma debe proveer el recaudo necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal para lo cual se necesita respetar lo establecido en la Regla Fiscal.
