La concentración del país en el proceso de negociaciones con las Farc en La Habana, atención necesaria por demás, por lo que allí se juega para el futuro de la democracia colombiana, ha hecho que como efecto colateral se soslayen asuntos que comprometen seriamente la institucionalidad. Son ellos, por citar solo tres, el aumento incontrolable de cultivos ilícitos en casi todo el territorio nacional; la resistencia de las altas cortes a cualquier asomo de reforma y mejoramiento del funcionamiento de la rama judicial; y la corrupción en sus diversas manifestaciones.
De todas hemos tratado en este espacio. Hoy queremos volver sobre la última. El país conoce los datos del Índice de Percepción de Corrupción que anualmente divulga Transparencia Internacional: en 2014 y 2015 Colombia ocupó el puesto 83 entre 168 países evaluados, siendo el 1 el más transparente y el 168 el más corrupto.
Según la Encuesta Gallup que publica este diario cada dos meses, la corrupción es, después del costo de vida, el problema que a juicio de los colombianos peor panorama revela. La línea roja del empeoramiento de la corrupción en el país es continuamente ascendente: en julio de 2008 el 36 % de los encuestados creían que el problema de la corrupción iba empeorando, y hoy es el 81 %. Cuando comenzó la Administración Santos el indicador era del 54 %. El pasado mes de mayo llegó a estar en el 85 %.
Lo que resulta desalentador es que tan apabullante mayoría considere que el país está carcomido por la corrupción, y que la situación no cambie. Que las noticias diarias que dan cuenta de escándalos cada vez peores que los anteriores no muevan una movilización general. Se dice que hay un acople a las circunstancias y una convivencia con el entorno, donde el corrupto se mira como alguien que aprovecha lo que cualquier otro, en las mismas circunstancias, haría. De ser así, es el colapso ético de una nación.
El actual gobierno se ufana de no tener “ministros presos” ni altos funcionarios investigados, de haber promulgado leyes y estatutos anticorrupción. Eso puede ser cierto pero para nada contrarresta el reto del problema sistémico de la corrupción. El procurador general Alejandro Ordóñez, en entrevista en El Tiempo (21/07/2016), afirma que la corrupción “afecta cerca de 20 billones de pesos de los presupuestos oficiales” cada año. Aunque debería precisar y dar alcance a semejante denuncia, lo cierto es que nadie pareció inmutarse.
El gobernador encargado de La Guajira, en 30 días de gestión, ha destapado tal olla podrida que parece que las cifras anestesiaron a la opinión pública. La capital del país sufrió una corrupción generalizada durante tres administraciones y allí, que están todos los entes de control y las instancias de decisión, poco ha pasado. En las regiones, entre ellas Antioquia, los organismos de control son cómodas plazas burocráticas para asignar cupos a quienes debían ser fiscalizados.
Compartimos las inquietudes expresadas por Transparencia por Colombia: la corrupción carcome la confianza pública y privada, dificulta los negocios lícitos, entorpece la convivencia social. Es demoledora, entre otras, para la construcción de la paz. Y a pesar de las proclamas, ningún gobierno parece habérsela tomado en serio. Pareciera que se volvió la forma de aceitar el engranaje para que la estructura estatal funcione. Si algo ha de cambiar será, en todo caso, por la iniciativa de la sociedad civil y por su sanción moral a los corruptos, hoy inexistente.
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