Las razones jurídicas esgrimidas por el fiscal y el procurador para revisar la amnistía a cabecillas del M-19 e investigarlos penalmente tienen sólido fundamento. Crean, eso sí, un problema político.
El trigésimo aniversario del holocausto del Palacio de Justicia ha servido para que el país vuelva la mirada atrás, reflexione sobre múltiples factores que han exacerbado su clima de violencia y ponga de presente ante las nuevas generaciones la permanente polarización de una sociedad que nunca se ha dado tregua a sí misma.
Aparte del hallazgo de algunos restos de dos de las personas desaparecidas durante los hechos de noviembre de 1985, pocas verdades adicionales se han conocido. Casi todas siguen pendientes. De la responsabilidad penal del M-19, no obstante, se abre una vía nueva, tal como lo ha informado el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Ya ha habido oportunidad de recordar el nexo entre el narcotráfico (el llamado Cartel de Medellín)...