Los grandes ríos del país, en especial los del sur, están convertidos en los corredores de movilidad, ilegalidad y expansión de los grupos armados organizados: bandas criminales y guerrillas. Lo denuncia la Defensoría del Pueblo, lo analizan los centros de investigación y pensamiento, lo saben el alto gobierno y sus Fuerzas Armadas y lo sufren las comunidades ribereñas.
En las cuentas iniciales de los organismos de seguridad (2017), las escuadras residuales de las Farc no sumaban más de 900 hombres. Hoy, se estima que ya superan los 3 mil combatientes y que su número y organización van en aumento, alimentados por la bonanza de cultivos ilícitos y cocaína y por la renovada extorsión, e incluso el control directo, a la extracción minera criminal de oro y coltán.
Cada vez más esa categoría “residual”, empleada en los informes oficiales para aludir a los desertores del proceso de paz, se convierte en un calificativo bastante impreciso y distractor respecto de grupos que en sus filas tienen a fogueados exguerrilleros que hoy son actores de primer orden en la cadena internacional del narcotráfico.
Un informe de este diario, coincidente con un reporte del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, recogió testimonios que confirman que en Vichada y Casanare los ríos son las autopistas por las cuales “suben” los insumos para procesar cocaína (pasta base, gasolina y acetona) y “bajan” los cargamentos de droga procesada en los laboratorios selva adentro.
Pero también entran por esas rutas acuáticas armas, municiones, elementos de intendencia, menaje y alimentos para las disidencias y las demás bandas criminales. Un estimativo señala que solo por los ríos del departamento de Nariño circulan cada mes cerca de 2,5 toneladas de cocaína.
Estos corredores también sirven para el traslado de la maquinaria de los entables auríferos ilegales y el posterior tráfico del oro, que bien pagan “impuestos” a los irregulares o que incluso hacen parte de las estructuras financieras de los delincuentes.
La Armada Nacional ha llevado a cabo operaciones en 2019 que dejan 194 miembros de las disidencias capturados o dados de baja, y seis toneladas de cocaína incautadas, así como la destrucción de 181 laboratorios. Pero habitantes y autoridades en Casanare y Vichada, por ejemplo, o en el Atrato y El Naya, paso de dos ríos estratégicos del mismo nombre, reclaman más patrullaje y operatividad de las flotillas militares.
Los ríos contiguos a zonas fronterizas como el San Miguel, en Putumayo, el Orinoco, en límites con Venezuela, y algunos tramos del Amazonas, son rutas de abastecimiento y comercios criminales. Pero, igual, otros del interior como el Caguán, el Catatumbo y el Baudó están convertidos en “santuarios” y retaguardias de los disidentes y las bandas.
Con lo que representa para la población civil en materia de confinamientos, control social, económico y territorial, y reclutamiento forzado, esta situación significa un enorme reto estratégico para el nuevo Mindefensa Carlos Holmes Trujillo. Tanto en el terreno de las afectaciones humanitarias a las comunidades, como en la oportunidad de fortalecimiento y expansión de los grupos irregulares y mafiosos.
No se trata de una circunstancia sobredimensionada. Es ni más ni menos un fenómeno real, documentado, que requiere la mano firme del Estado. Su atención y su copamiento integral inaplazable.
