La semana pasada el presidente de Ecuador Guillermo Lasso decretó Estado de Emergencia para combatir la oleada de violencia y crimen organizado que azota su país. Según reportes de prensa, el preocupante incremento de homicidios, crimen común y violencia en Ecuador por parte de grupos al servicio del narcotráfico es el principal motivo por el cual Lasso ha prometido que durante los próximos 60 días las autoridades de ejército y policía patrullarán las calles, restringirán la libertad de movimiento y asociación. A renglón seguido, Lasso prometió seguridad jurídica para las autoridades en relación a cualquier denuncia de abusos a los derechos humanos que puedan presentarse en el marco del Estado de Emergencia.
Es cierto que los homicidios en Ecuador presentan un notable incremento frente a la cifra de 2020, que la criminalidad en las ciudades está alcanzando niveles preocupantes y que la situación de seguridad en las cárceles está rápidamente deteriorándose, luego de que los amotinamientos del mes anterior dejaran un saldo de 116 muertos y más de 80 heridos. La crisis de seguridad en Ecuador también obedece a las dinámicas del narcotráfico y la penetración de carteles colombianos y mexicanos que han aprovechado la pandemia para incrementar su control territorial. Ante esa violenta arremetida, es apenas natural que el Presidente decida tomar acciones concretas para darle a la policía y el ejército herramientas para enfrentar ese desafío.
No parece ser coincidencia, sin embargo, que el anuncio de Lasso venga en un momento cuando está enfrentando su primer gran reto político, tras figurar en el escándalo de los “Pandora Papers” que lo vinculan con 14 sociedades off-shore, la mayoría en Panamá, y que provocaron que la Asamblea Nacional de ese país votara favorablemente a la creación de una comisión para esclarecer la vinculación de Lasso con depósitos de dinero en paraísos fiscales. Además de esto, el aumento de la inflación también supone riesgos para Lasso. El precio del barril de crudo WTI superando los 80 dólares, hace que los subsidios al combustible sean fiscalmente insostenibles para ese país dando pie para un incremento –lo cual fue el detonante que provocó movilizaciones masivas contra su antecesor Lenín Moreno en 2019. De hecho, grupos opositores afines al expresidente Rafael Correa y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya habían anunciado huelgas y protestas para esta semana en relación con los incrementos de precios– las cuales evidentemente se verán truncadas por el Estado de Emergencia y la reacción de la fuerza pública. Sin embargo, en una jugada reciente, y con el fin de calmar los ánimos, el presidente ha asegurado en un discurso en Guayaquil que se suspenderán los incrementos mensuales en los combustibles para que los bolsillos de los ecuatorianos tengan una herramienta de estabilidad.
El Estado de Emergencia es una prueba para las autoridades policiales y militares de Ecuador. Las posibles denuncias de maltrato policial, violaciones de derechos humanos y abusos ocurridos en el marco de la aplicación de la norma pueden ser grabadas, sacadas de contexto y utilizadas por la oposición para dar un golpe de opinión y sacudir la indignación esperando provocar más protestas. Durante los últimos dos años en Colombia, Perú y Chile hemos presenciado cómo las redes sociales pueden rápidamente viralizar contenido que perjudique la imagen de las autoridades, enardecer las protestas, y darle argumentos a la oposición. Lasso y las autoridades de Ecuador son conscientes de esto, pero vale anotar que los efectos de las protestas de Ecuador se sentirán también en sus vecinos que atraviesan una delicada coyuntura de seguridad y política.
La pandemia del coronavirus estaba destinada a seguir una línea de tiempo similar para los gobiernos de Latinoamérica. Primero, supone un desafío al sistema de salud, para disponer de los recursos suficientes para atender la emergencia. Segundo un golpe a la economía que afecta en mayor medida a los pobres que dependen de la economía informal. Tercero la contracción económica y el incremento de la pobreza derivarían en un previsible aumento de la inseguridad que se siente más en áreas urbanas y afecta la imagen de los gobiernos a todo nivel, nacional departamental y municipal.
Tras la campaña de vacunación exitosa contra el covid-19, Lasso ha consolidado sus indicadores de favorabilidad presidencial. Según Cedatos, su aprobación actualmente se encuentra en 63,5 % y hace poco más de un mes llegó a superar la barrera del 70 %. La creciente inflación, su aparición en los Pandora Papers y cualquier percance ocurrido durante el Estado de Emergencia puede afectar su gobernabilidad en el mediano plazo –ya que depende del Movimiento Pachakutik para aprobar su agenda legislativa- pero la Presidencia de Guillermo Lasso por ahora no peligra
