Las patologías de las campañas electorales mutan y se especializan con cada elección. En los momentos en que la sociedad dispone la institucionalidad para elegir a sus gobernantes y el fragor del debate y la confrontación ideológica alcanzan sus mayores niveles, se apela a toda clase de aseveraciones para inclinar las pasiones y obtener votos. Una de ellas, que afecta gravemente la estabilidad del Estado, es la que pretende hacer creer que las Fuerzas Armadas han tomado partido en la contienda y que faltan a sus deberes de neutralidad y no deliberación.
Frente a esta afirmación torticera y dañina, es momento de armarse. Es momento de armarse de argumentos para defender a las Fuerzas Armadas e impedir que sean usadas para inclinar las preferencias de los votantes. Ellas no son un activo de un partido, de una élite, de un líder; son el patrimonio de todos los colombianos.
La neutralidad que les es debida implica que se mantengan ajenas a los asuntos de índole partidista, que sus funciones sean cumplidas sin más finalidades que aquellas que legítimamente les confirió el constituyente primario, sin buscar mejorar o perjudicar la posición de ningún partido, líder o propuesta en disputa. A su turno, la no deliberación implica que no entren en los debates para la elaboración de las políticas públicas, salvo las propias de la defensa nacional y la seguridad ciudadana. También se marginan de adoptar decisiones políticas sobre el devenir de las sociedades, actitud que es consecuente con su reconocimiento como instrumento que materializa las directrices que adoptan quienes tienen la competencia para ello -la autoridad civil-, conforme el mandato popular contenido en el artículo 219 de la Constitución.
La afirmación irrestricta del principio de supremacía civil en Colombia es una conquista que no debe admitir dudas. Las Fuerzas Armadas, que comandará como Jefe Supremo el próximo Presidente de la República, quien quiera que él sea, son las mismas que dirigieron sus antecesores sin que se hubieran visto acorralados por amenazas militaristas o presiones para imponer las armas a la razón. Es innegable que en cada gobierno hubo momentos de tensión, pero frente a ellos la respuesta militar siempre fue más democracia.
Las Fuerzas Armadas deben permanecer ajenas al vaivén de las encuestas, a los cataclismos de la opinión, al paroxismo de los fanáticos; deben estar concentradas en objetivos claros vinculados a su misión constitucional. En todo caso, tampoco puede olvidarse que los miembros de las Fuerzas Armadas, en igualdad de condiciones que todos los servidores públicos, tienen limitaciones para participar en asuntos partidistas, conforme a la Carta Política, restricción que, de ser transgredida, tiene efectos de orden penal y disciplinario.
Las Fuerzas Armadas de Colombia no están exentas de errores que deben explicar, por los cuales deben asumir sus consecuencias. Sin embargo, el pueblo de Colombia reconoce en general en ellas a una institución íntegra, obediente y disciplinada, compuesta por ciudadanos que por años han ofrendado su vida para que sus compatriotas puedan ejercer sus derechos políticos y concurrir en condiciones de seguridad a expresar sus preferencias electorales. El llamado es a armarse de razones para desmentir a quienes pretenden crear condiciones de incertidumbre y temor como motivaciones para la elección.
La legitimidad de las Fuerzas Armadas no debe ser objeto de batallas partidistas.
