La oleada de contagios de covid-19 y la saturación en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de Antioquia y Medellín, más la dificultad creciente de remitir a los pacientes más graves a otras ciudades del país, nos tienen ante una de las situaciones más complejas a las que se pueden enfrentar no solo los profesionales de la salud, sino toda la sociedad expuesta a los contagios: la inevitable selección de quiénes pueden ser atendidos en las UCI, y quiénes no.
Este procedimiento de selección se denomina triaje, y aunque lleva años siendo regulado por el Ministerio de Salud, la situación actual impone mayor complejidad porque todas las decisiones habrán de tomarse al límite: al límite están los médicos y el personal de la salud, las entidades prestadoras del servicio, las UCI, los equipamientos necesarios para atender a los pacientes graves y críticos, o las familias que pueden enfrentarse a una decisión que deje a sus seres queridos sin cupo hospitalario.
Por mucho que humanamente se haga un esfuerzo descomunal para atender a todos, con todos los médicos especialistas disponibles y el personal técnico y auxiliar capacitado, los recursos de UCI y de urgencias ya no dan más de sí.
Se habla, entonces, del triaje ético. Lo explicaba el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, al hacer énfasis en que hay varios criterios que se deben seguir, y varios puntos que la comunidad debe tener claros:
1) Las decisiones se toman por personal médico, con fundamento científico y académico, “que pretenden servir de herramienta para atender la situación en un escenario de escasez de recursos, con una mirada ética”. 2) No puede haber discriminación por factores socioeconómicos, políticos, religiosos, de edad, de clase social, nacionalidad, lugar de residencia o cualquiera otra razón que no esté sustentada en datos científicos y en la evaluación clínica de los pacientes. 3) El cumplimiento de los parámetros éticos y médicos debe garantizar que no habrá exclusiones arbitrarias, uso indebido del poder de decisión, tráfico de influencias u otras prácticas que no tienen que ver con el fundamento clínico. 4) Se debe darles prioridad en las Unidades de Cuidados Intensivos a aquellas personas que realmente necesitan de este recurso escaso. 5) La valoración de los pacientes no tiene que ver en ningún caso con un juicio de valor sobre las personas.
Los comités de Bioética de las clínicas y hospitales deberán estar operativos y funcionando a pleno rendimiento, pues la complejidad de las decisiones por tomar empiezan por lo médico y terapéutico de la mano de lo ético, pero desembocarán fácilmente en tensiones con los familiares de los pacientes no ingresados en UCI, o en anuncios de demandas o quejas disciplinarias.
La confianza en el criterio médico deberá estar siempre presente entre la comunidad y, sobre todo, el respeto a sus recomendaciones profesionales. Para los médicos debe haber una protección legal reforzada, partiendo de la base de la situación límite a la que se enfrentan, a las valoraciones que implica tomar decisiones complejas donde otra parte quedará inconforme o, posiblemente, con un ser querido en situación de riesgo vital.
Las palabras importan, los conceptos técnicos son fundamentales: los médicos no optan por salvar o dejar morir. Siempre atienden para salvar, hasta donde la ciencia, la tecnología y los recursos se los permita. La altísima responsabilidad que a partir de ahora se les añade debe estar correspondida con el respeto, apoyo y comprensión ciudadana
