Se publicaron recientemente los resultados del Índice Anual de Miseria realizado por el economista estadounidense Steve Hanke, un listado que clasifica a 156 países según su bienestar social. Los que aparecen en los primeros lugares con mayor miseria económica son Cuba, Venezuela, Sudán, El Líbano, Zimbabue. En el sexto lugar está Argentina.
El índice mide el comportamiento de la inflación, el desempleo, las tasas de interés y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, entre otras variables.
Aunque llama la atención que este país suramericano de 45 millones de habitantes figure en los primeros lugares entre los países más miserables, al analizar su historia se comprende por qué ha caído tan bajo. Argentina es hoy, después de Venezuela, uno de los países con los mayores niveles de inflación, ronda el 60% anual; la tasa de interés llegó a niveles del 44,5% y aunque el desempleo está en niveles bajos, del 7%, la pobreza aumentó tras la pandemia y hoy cobija al 40% de su población. La economía creció el año pasado en 10,3%, compensando lo mismo que cayó en 2020 por efectos de la pandemia.
Argentina tenía todo, como Venezuela, para ser una de las naciones más prósperas de América Latina, pero el inadecuado manejo de la economía y gobiernos populistas han dado al traste con la posibilidad de lograr un mayor desarrollo. A comienzos de este año el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para refinanciar el préstamo por 44.000 millones de dólares que el organismo le otorgó a la nación en 2018. En las últimas décadas, esta nación y el FMI han tenido una relación llena de tropiezos. En varias ocasiones el país suramericano ha acudido a millonarios recursos de dicho organismo, a cambio de lo cual el FMI ha exigido duros planes de ajuste que surten efecto temporalmente. Pero con el paso del tiempo la nación vuelve a quedar en situaciones económicas muy difíciles.
Es una tragedia que se repite gobierno tras gobierno y año tras año sin que se encuentren soluciones de fondo. Argentina ha perdido credibilidad en los mercados internacionales y sus habitantes tienen una gran desconfianza sobre la capacidad de sus dirigentes para manejar el país. Basta recordar un episodio que causó un gran impacto en los bolsillos de los argentinos y que hoy todavía tiene graves secuelas: el tristemente famoso “corralito”, durante la administración de Fernando de la Rúa, diseñado por el ministro de economía Domingo Cavallo, que congeló el retiro de los depósitos que los ciudadanos tenían en los bancos. La medida tenía como objetivo evitar el colapso del sistema financiero, pero desencadenó en violentas protestas y en la dimisión del mandatario, quien abandonó la Casa Rosada en un helicóptero el 20 de diciembre de 2001, a los pocos días de haber impuesto el cepo.
Argentina es uno de los países que más ha entrado en default (cesación de pagos de deuda) en el mundo. En nueve ocasiones ha suspendido el pago de sus compromisos internacionales siendo el del 2001, por más 95.000 millones de dólares, uno de los más grandes de la historia.
Los diversos gobiernos han acudido a toda clase de medidas, incluyendo constantes emisiones de dinero, controles cambiarios y de precios, que han terminado en procesos hiperinflacionarios como el de 1989 cuando aumentaron más del 3.000%. Es un país con una elevada deuda externa, que gasta más de los ingresos que le llegan, que ha tenido que cambiar en varias oportunidades su moneda y que ha acudido a medidas impopulares como la de echarles mano a más de 30.000 millones de dólares de las pensiones de los fondos privados, durante el gobierno de Cristina Kirchner, para financiar el gasto.
Argentina es un espejo donde puede mirarse Colombia que ha logrado mantener el barco de la economía a flote, aunque afrontando fuertes turbulencias como las sufridas en las últimas décadas por las repercusiones de las crisis internacionales. Sin embargo, no ha dejado de pagar sus obligaciones, no ha cambiado su moneda ni ha llegado a niveles hiperinflacionarios -en Colombia la máxima variación de precios fue del 32% a comienzos de los 90-.
Pero Colombia todavía tiene que hacer grandes esfuerzos para disminuir las inequidades sociales, bajar los altos niveles de pobreza y de desempleo, combatir la inseguridad, la violencia y la corrupción que se ha enquistado en todos los sectores de la sociedad. Para ello se requiere poner en marchas reformas que exigen un gran consenso y el aporte de sectores que no están dispuestos a perder sus privilegios.
La lista de tareas por hacer es muy larga. Eso lo saben los candidatos a la presidencia que tienen claro el diagnóstico. Pero no muchos tienen el remedio. Ojalá no se repitan los errores de una nación que sigue ensayando recetas económicas que no le han funcionado muy bien .
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