En días recientes, en páginas de opinión y en redes sociales, se ha dado una intensa discusión sobre lo que en el mundo de los negocios ha venido a conocerse como la “cláusula Petro”. ¿En qué consiste esta cláusula? En algunos contratos, las partes estarían pactando una condición de acuerdo por la cual, si Gustavo Petro es elegido presidente de la República, el contrato que firman no entra en vigor o, si ya está en ejecución, deja de ejecutarse y se le da terminación. Al parecer, la razón por la cual la gente está optando por firmar esta cláusula es el miedo a que, de resultar Petro elegido presidente, sus políticas económicas y sus acciones en el Ejecutivo pongan en riesgo las finanzas personales.
En teoría, hay quienes evitan comprometerse en negocios futuros, o en compras cuantiosas, o en inversiones que le signifiquen parte importante de su patrimonio, por cuanto perciben que el modelo económico podría cambiar en caso de una victoria del Pacto Histórico. Y, en particular, sienten temor a que sus propiedades sean sujetas a algún tipo de expropiación y confiscación. Al parecer, esta cláusula se estaría usando sobre todo en contratos inmobiliarios, especialmente en las promesas de compraventa. Para la inmensa mayoría de la gente, la compra de un inmueble implica comprometer una parte muy importante de su patrimonio personal y familiar y adquirir un endeudamiento significativo, por lo cual es comprensible que teman arriesgarse.
Curiosamente, en medio de esta discusión, algunas voces se han ido lanza en ristre contra esta cláusula y quienes la firman. El columnista Ramiro Bejarano afirmó, en El Espectador (30 de enero), que esta cláusula no solo es ilegal, sino que constituye delito, a saber, delito de pánico económico y de constreñimiento al elector. De acuerdo con su tesis, al pactarse estas cláusulas se espantarían los capitales de Colombia y se ejercería presión indebida en los votantes para que no opten por Petro.
Otros juristas sostienen lo contrario. El delito de pánico económico consiste en difundir, públicamente y de manera deliberada, informaciones falsas que afecten la confianza en las instituciones financieras o en los instrumentos de inversión o que estimulen la fuga de capitales. Lo que dos personas de manera libre y privada decidan hacer con sus negocios y su patrimonio jamás puede interpretarse de esta forma. Ninguna ley obliga a nadie a tener confianza en el futuro. Siempre ha estado permitido que la gente pacte libremente cláusulas que indiquen el grado de confianza que tienen en la contraparte o en el futuro de la relación o en el del contexto social y económico de esta.
Y menos aún se puede pretender que esto constituya presión indebida en los electores. Toda persona es libre de decidir si tal o cual opción política le produce confianza o le produce miedo. Y es libre de expresar una u otra cosa mediante los negocios que haga. Al hacerlo, no está forzando a ningún votante a decidir de una u otra manera. La cláusula no obliga a nadie a votar en tal o cual sentido.
Lo ideal sería que este tipo de condiciones no se tuvieran que pactar. Pero no le podemos pedir a la gente que no sienta temor cuando sobre la mesa se están ventilando políticas económicas cuyos resultados catastróficos se han visto en países vecinos. Si cada vez que Gustavo Petro habla dice que va a acabar de un tajo los contratos de exploración petrolera, que va a aumentar los aranceles, que va a apoderarse del ahorro pensional —eufemísticamente, habla de “democratizar” empresas, amenazando quitárselas a sus dueños, promete revivir experimentos fallidos, como la banca pública, e incluso habla de imprimir billetes para financiar el gasto ordinario del gobierno—, es apenas natural que la gente tenga desconfianza. Los efectos de todas y cada una de esas políticas son ya muy conocidos.
Sin embargo, aunque cada persona tiene pleno derecho a preocuparse por su situación, si las instituciones y la economía llegan a ser amenazadas por un proyecto autoritario, vamos a necesitar un sentido colectivo. Todos, de alguna manera, tendremos que estar ahí, como país, asumiendo la defensa de la democracia, las instituciones, las empresas y la economía. Cada uno es libre de cuidar lo suyo, pero si lo único que hacemos es que cada cual coja por su lado, vamos a dejar las puertas abiertas y los espacios vacíos para que se apoderen de nuestra democracia
