Esta semana que comienza se cumplen ocho meses del inicio de la administración municipal de Daniel Quintero. Al tomar posesión, tanto en su discurso de presentación del gabinete como en el recinto del Concejo, apeló una y otra vez a la unidad, a la disposición permanente al diálogo, al trabajo mancomunado con todos los sectores de la ciudad y, de forma relevante, a la apertura de su administración a rendir cuentas de los actos suyos y de sus colaboradores.
Pues bien, en los últimos siete días se han presentado al menos dos iniciativas que podrían haber servido para que el alcalde demostrara la vigencia y validez de esos compromisos. Una, la presentación de Todos por Medellín, como ejercicio de veeduría y control ciudadano a la administración y a Empresas Públicas de Medellín. Y la segunda, la carta de un grupo de concejales, pidiéndole que convoque a sesiones extraordinarias del Concejo para poder cumplir su misión constitucional de control político ante las circunstancias extraordinarias –en el sentido de salidas de la normalidad institucional– que se han presentado en EPM y en Ruta N.
A la veeduría cívica el alcalde y alguna parte de su gabinete la han recibido con hostilidad y abierta prevención. Intentando mezclarla maliciosamente con política partidista a pesar de lo explícita que en su manifiesto fundacional quedó establecida la exclusión absoluta del componente proselitista. La veeduría y sus participantes ya sabrán a qué atenerse, lo que, con toda seguridad, no disminuirá ni un ápice su compromiso por cumplir el objetivo cívico que le atañe, amparado además por la Constitución y las leyes que desarrollan ese derecho fundamental a la participación en el control al ejercicio de la administración pública.
En cuanto a lo segundo, la petición del grupo de concejales reviste no solo toda la legitimidad sino toda la lógica. El Concejo Municipal está actualmente en receso y las sesiones ordinarias se instalarán en octubre. Si políticamente el alcalde y sus asesores piensan que es un tiempo conveniente para que baje la presión y las instituciones de elección popular y la opinión pública empiecen a mirar para otro lado, estarían incurriendo no solo en un error de cálculo sino en un desconocimiento de los que ellos mismos postularon en campaña y al momento de asumir sus cargos.
El dos de enero de este año, dijo Daniel Quintero ante el pleno del Concejo de Medellín: “Seré garante de la independencia, de la autonomía de este Concejo, y pido de ustedes no otra cosa que lo que la Constitución y la ley les demanda, y es que hagan el adecuado control político. Eso es fundamental, eso no debería ser un tema para huirle, muchas administraciones le temen al control político, yo lo celebro. Yo de una vez les pido que sean rigurosos en el control político. Este es un Concejo renovado, mi respeto para todas las bancadas. Estamos listos para ser auditados como debe ser”.
No se conoce aun la respuesta a la solicitud de los concejales, pero debería ser atendida, por transparencia y por lo conveniente que será abrir ese espacio de discusión y control. Si bien el Concejo ha hecho unos foros sobre EPM, no tienen el mismo alcance que los debates de control político.
Así como ya preocupa que haya vetos a medios de comunicación, con el propósito no declarado pero subyacente de impedir que cumplan su labor de informar, sería también lamentable que no se abra este espacio institucional y democrático pedido por el grupo de concejales dispuestos a cumplir con la labor que le encomiendan la Constitución y la ley pero, sobre todo, los ciudadanos.
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