Hay muchas voces que apuran a los líderes del Gobierno, de la oposición, y a los jefes de las Farc para que se sienten a acordar mecanismos de entendimiento para llegar a un nuevo acuerdo de paz. Ese ánimo es mayoritario. Sin embargo, hay algunas de esas voces que en su empeño están dispuestas a abogar, incluso, por el desconocimiento de los resultados del plebiscito del 2 de octubre.
Una primera corriente deslizó una consigna según la cual el voto por el Sí “es moralmente superior al voto por el No”. Para ello no reparan en forzar la argumentación al punto de decir que quienes votaron por el No rechazaron la paz y votaron “por la guerra”.
Otra corriente mete a toda la votación por el No en un mismo saco, el de quienes votaron animados por rencores (así lo aseguró la canciller María Ángela Holguín) y deseos de venganza, por un lado, o engañados y manipulados por los líderes del No, por otro. En este último, el argumento lo sirvió, vaya paradoja, uno de los líderes de la campaña del No.
Y una tercera corriente, no excluyente con las anteriores, viene promoviendo la idea de que las manifestaciones populares, que con mayor o menor asistencia se han realizado en el país, demuestran que hay un clima de opinión que demanda de forma tan inequívoca la aplicación de los acuerdos de paz, que constituyen un movimiento social que por sí mismo puede suplir los resultados del plebiscito.
De prosperar semejante argumento se instalaría en Colombia una especie de sistema en el cual la movilización de algunos sectores de población, imprecisos y sin posibilidad de cuantificar, suplirán los mecanismos de adopción de decisiones políticas que hasta hoy tienen el pueblo en las urnas (constituyente primario) y los poderes públicos. Si las manifestaciones por la paz tienen mayor capacidad decisoria que la propia votación en las urnas, que es precisa, cuantificable y, hasta donde se puede, transparente, nuestro modelo de democracia cambiará radicalmente y no para bien.
Las manifestaciones y movilizaciones son plausibles, meritorias en un país donde la participación política es irrisoria y la democracia participativa sigue siendo un proyecto por cumplir. Pero su alcance es cívico. Las manifestaciones no reemplazan las decisiones políticas y jurídicas tomadas en las urnas. Es el voto el que decide, no la pancarta.
El presidente de la República, en sus intervenciones de esta semana, ha dejado mensajes que abren interrogantes. En dos ocasiones ha utilizado testimonios de votantes del No para reforzar su juicio de que fueron engañados y que, por lo tanto, son votos fácilmente desvirtuables. Y, por otra parte, citando al Consejero Mayor de las Autoridades Indígenas, que le demandó aplicar los acuerdos de paz, dijo que su reelección de 2014 y el premio Nobel de la Paz son mandatos que lo habilitan para ello. No lo afirmó, pero dejó flotando que el resultado del plebiscito no sería más decisivo que aquellos dos.
La reelección de 2014 se ganó sobre una promesa de paz, ciertamente. Pero unida a que sería el pueblo quien diría, en refrendación popular, la última palabra. No se puede soslayar esta parte, entre otras porque el pueblo no rechazó la paz, sino el acuerdo específico. Y el premio Nobel, reconocimiento honroso y merecido en lo que al presidente Santos concierne, no es un mandato de la comunidad internacional, sino el designio de un comité noruego. La disposición por la paz no puede a llevar a querer hacer pasar unas realidades como lo que no son.
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