Ya están designados los 11 miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organismo creado por el Gobierno colombiano y las Farc. Atendiendo lo convenido en La Habana, esta Comisión, que como su nombre lo dice, aparte de la búsqueda de la verdad también lo deberá ser para la convivencia, tendrá como propósito “conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto”. Y, en otra función que no hay que soslayar, deberá “promover el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto”.
La Comisión está prevista para ser un mecanismo independiente, temporal, imparcial y de carácter extrajudicial. La imparcialidad fue el valor más reclamado, junto con la idoneidad moral y la trayectoria ética de los comisionados. Por lo pronto, que haya sido elegido como presidente de la Comisión el jesuita Francisco De Roux, de tan alta dimensión espiritual, moral y académica, permite guardar la esperanza de que los objetivos de verdad y reconciliación pueden ser cumplidos.
A propósito, debería quedar claro que es perfectamente legítimo no solo examinar, sino cuestionar algunos de los nombramientos en esa Comisión de la Verdad. El hecho de que todo esto se haga dentro de lo que se ha denominado “el valor supremo de la paz” no exime de la libertad de opinar. No hay que tachar de enemigos de la paz a quienes, con buenos argumentos y documentos a la mano, evidencian que algunos comisionados han sido cercanos (ahí están sus escritos hagiográficos sobre los jefes guerrilleros, sus panegíricos a lo que denominan “lucha subversiva” o sus trinos identificándose con “los principios de las Farc”) a las tesis de quienes también tendrán que comparecer ante esa entidad para reconocer sus responsabilidades por las atrocidades cometidas contra el pueblo colombiano.
La verdad de décadas de conflicto es reto mayúsculo. Cabe aquí la figura del espejo roto en miles, millones de pedazos, que habrá que recomponer en una explicación coherente que ofrezca comprensión, más que lavados de culpas. Una labor de filigrana, sin sesgos pero con claridad, para que esa verdad que se reclama no sea inaprensible.
Lo que se diga ante la Comisión de la Verdad no tendrá efectos judiciales ni podrá ser usado en procesos penales contra quien ofrezca su testimonio. Deberá, como dice el acuerdo, contrastar y verificar la calidad de la información e identificar la que sea falsa. Es una vía extraprocesal para determinar esa verdad, ya que la otra, la judicial, corresponderá determinarla a la Jurisdicción Especial de Paz, en cuya imparcialidad también habrá que confiar de buena fe.
Una vez se constituya, la Comisión tendrá tres años para ejecutar los 13 puntos que conforman el mandato conferido, que incluye el de “determinar las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo el Gobierno y los demás poderes públicos, de las Farc, de los paramilitares” y de los demás grupos ilegales violentos, donde entendemos incluido el Eln.
No hay que prejuzgar ni descalificar desde ya el desempeño de la Comisión. Tiempo habrá de valorar su misión. Entre otras cosas, porque su funcionamiento e informe final no excluyen que, por su parte, la academia, los historiadores y los analistas independientes sigan cumpliendo sus tareas de investigación y aporten también a la formación de un juicio equilibrado y justo sobre lo que fueron estas décadas de atrocidades e iniquidad contra una ciudadanía que ni apoyó ni fue partícipe, sino víctima, de los crímenes de los grupos ilegales.
