Solo en una de las tantas regiones donde se cultiva, comercializa y trafica la coca en el país, solo en una caleta y en un solo operativo, la Policía y su Dirección Antinarcóticos decomisaron 9 mil 355 kilos del alcaloide, listo para ser sacado a través del Golfo de Urabá. El cargamento más grande descubierto en los últimos diez años y la prueba incontrovertible de que el narcotráfico sigue vivo y activo a lo largo y ancho del territorio nacional.
¿Qué pensar de otras zonas como Catatumbo, Putumayo e incluso Vichada y Guaviare, también marginales, fronterizas, vulnerables y con presencia de grupos armados ilegales y traficantes, en donde la escala de producción y almacenamiento de drogas ilícitas puede ser igual o mayor?
Se trata de escenarios limítrofes con países donde la corrupción está al orden del día: Venezuela y Brasil, por ejemplo, o donde los controles militares y policiales son bastante limitados: Ecuador y Panamá. A ello se suma la enorme penetración del narcotráfico, por supuesto, en la vida de las regiones colombianas.
Estas cantidades gigantescas de droga, además de hablar del crecimiento de los cultivos ilícitos en el país los dos últimos años (de 60 mil a 159 mil hectáreas, según informes cruzados de agencias de monitoreo), permiten dimensionar el complejo circuito económico que hay detrás:
Movilización de precursores (permanganato, ácidos clorhídrico y sulfúrico y anhídrido acético), destrucción de cientos de hectáreas de bosque nativo donde funciona la cadena siembra-recolección-elaboración de pasta, mano de obra (campesinos, “químicos”, “caleteros”), transportadores (flotillas de avionetas, lanchas rápidas y semisumergibles), funcionarios civiles y policiales involucrados y equipos de asesores contables y financieros dedicados a camuflar y mover capitales millonarios que deben ser “lavados” y filtrados a la economía legal.
Se trata de un universo criminal complejo que más que describir en detalle, hay que decir que se encuentra en plena operación, al parecer robustecido y dinámico, si se juzga el valor del cargamento incautado en Urabá, por ejemplo: unos 250 millones de dólares, puesto en los mercados internacionales.
Las preguntas son obligadas: ¿cómo logran operar estas redes capaces aún de enviar cada semana toneladas de cocaína al exterior? ¿Dónde están y quiénes son sus enlaces políticos, empresariales y financieros? Colombia continúa contaminada y penetrada por el narcotráfico.
Si las guerrillas y las bandas criminales, sin discusión, están asociadas a este emporio narcotraficante (ya por el cobro de impuestos, ya por el control de rutas, ya por el envío mismo de droga), hablamos de la presencia actual y renovada de amenazas al Estado, su institucionalidad y su ciudadanía. Peor, incluso, hay que aceptar que valores sociales y culturales de ese submundo mafioso perviven y tienen efectos desastrosos.
El decomiso de más de nueve toneladas de cocaína, al parecer a alias “Gavilán”, segundo al mando del “clan Úsuga David”, no puede verse solo como un golpe policial importante, significativo, sino que debe mirarse, por el revés, para entender la fuerza que retoma el narcotráfico a las puertas del cierre de una negociación con las Farc.
Es imposible taparse los ojos ante la evidencia de que, como se ha dicho, y aunque haya que citarse de nuevo con incomodidad, “estamos nadando en coca”.
