La zozobra extrema en que han transcurrido los últimos 15 días en la región de Catatumbo, Norte de Santander, debe implicar no solo la respuesta de las autoridades, en especial de las Fuerzas Armadas, sino que debe desatar una solidaridad generalizada de la sociedad colombiana. La gravedad de la tragedia humanitaria que sufren esos compatriotas no puede ser vista desde la pasividad de los registros noticiosos. Una zona de frontera, de gran riqueza agrícola y humana, debe ser liberada de las imposiciones de grupos armados ilegales como el Epl y el Eln.
Resulta por lo menos indignante ver cómo esas organizaciones deciden la suerte de los más de 30 mil habitantes de los seis municipios que conforman el Catatumbo. Cierran vías, impiden el transporte de personas y mercancías, confinan a las comunidades en sus caseríos y viviendas y asesinan sin fórmula de juicio alguna a ciudadanos inermes.
La de Catatumbo es una emergencia continuada, en las narices de los gobiernos de los municipios que conforman la región, y es un reto de las estructuras criminales a las autoridades del Departamento y la Nación. El mensaje es inequívoco en cuanto a que hay territorios del país donde bandas y guerrillas dictan su ley.
El lema debe ser “todos somos Catatumbo”. Que mientras allí hay cientos de personas que abandonan sus parcelas y hogares, Colombia no permanezca como mera espectadora de una crisis humanitaria de proporciones mayúsculas e impensadas en una nación que hoy se presenta ante el mundo como escenario afortunado de un proceso de paz, una paz cuya distancia entre la firma de un acuerdo y la concreción real de la convivencia y la tolerancia es abismal, es un sofisma.
El Catatumbo lleva ya años bajo el control de la subversión y las pandillas del narcotráfico. Su diagnóstico de violencia y mafias es patético, es un lugar común del que no han podido salir sus pobladores, a quienes en las dos últimas semanas hemos visto presas del miedo, de la intimidación, de las vejaciones por parte de los actores armados ilegales. Grupos que emiten comunicados de sentencia contra civiles indefensos.
En un editorial reciente advertimos de la pobreza de la soberanía que ejerce el Estado colombiano en Catatumbo y Tumaco, dos regiones de importancia estratégica por su condición de zonas limítrofes con Venezuela y Ecuador. Ambas cargando el lastre del espectro amplio de ilegalidad que deriva del narcotráfico y sus carteles transnacionales.
Como colombianos y miembros de un Estado Social de Derecho debemos exigir que allí se cumplan la Constitución y la Ley. No puede ser factible que se perpetúe en Catatumbo este régimen de hecho, esta suplantación de la autoridad legítima en manos de criminales que provocan tales arbitrariedades a otros compatriotas huérfanos de las instituciones y el ejercicio del monopolio gubernamental de las armas y la fuerza.
Duele Catatumbo. Transmite sensaciones de impotencia y tristeza. Recogemos la voz de los cientos de habitantes que han salido a marchar para reclamar la presencia de la Fuerza Pública y el fin de un régimen de terror que los mantiene postrados, encerrados e inmóviles. Improductivos y silenciados por la fuerza de grupos criminales que se pasean por la región cual si fuesen sus amos. Somos Catatumbo. Un Catatumbo que no puede seguir sometido por el miedo y el pillaje.
