Las bandas criminales en sus diferentes escalas y terrenos son hoy la mayor amenaza para la seguridad del país. Lo más preocupante es que incluso contra las operaciones sostenidas, y en algunas regiones masivas, hay organizaciones que mantienen y afianzan su control territorial y que crecen en medio de la proliferación de cultivos ilícitos, tráfico de drogas nacional e internacional, minería ilegal y extorsiones al comercio.
Hoy subsisten y se han reorganizado en mezclas explosivas de exparamilitares, exguerrilleros y narcotraficantes fogueados. Además de sus confrontaciones o alianzas con el Eln, cada vez más inserto en las dinámicas del narcotráfico en las regiones donde se ubican sus frentes.
El informe de este diario “El desafío que traen las bandas para 2018”, y otros dos sobre las observaciones de la ONU que reclama mayor presencia institucional y el ajuste de la estrategia de la Fuerza Pública contra los grupos armados organizados y residuales, no dejan duda de que además de requerirse una presencia integral en salud, educación, empleo e infraestructura, la ofensiva militar-policial es indispensable.
Para abrir paso a instituciones oficiales que impacten la calidad de vida y a la organización social y comunitaria, con sus líderes y su participación, es indispensable crear condiciones de orden público, protección de los derechos humanos y disminución de los fenómenos criminales. En ambientes penetrados por la intimidación armada, la oferta económica y el reclutamiento de las bandas y el espectro de ilegalidad que ellas trazan, será imposible consolidar seguridad, desarrollo y paz.
Aquí no caben dilemas sobre qué es primero: si el huevo de la inversión social que engendre cambios ciudadanos, o si el gallo de la maquinaria militar del Estado que reprima y disuada. Se evidencia en áreas como Tumaco, Puerto Asís, Norte del Cauca, Catatumbo y Alto Baudó, que si no se golpea, reduce y somete a las bandas criminales, células disidentes de las Farc y frentes del Eln, sería un engaño pretender alivios humanitarios y emprender proyectos y acciones sociales a favor de civiles y comunidades en medio del fuego cruzado y del ambiente caótico y contaminado por la brutalidad y el dinero sucio de los ilegales.
Organizaciones como el “Clan del Golfo”, “la Oficina”, “los Pelusos” y las facciones orientales salidas de la guerrilla, entre otras, tienen un poderío militar que los informes del Estado y las FF. AA. aceptan como capaz de desestabilizar las regiones en las que hacen presencia. Tumaco es un “laboratorio” de esas hibridaciones criminales frente a las que el Gobierno Nacional tuvo que reaccionar con el envío de casi 10 mil efectivos.
El 2018, con campaña electoral a bordo, pero también con un proceso de posconflicto limitado, problemático y bajo la lupa de la comunidad internacional, y con un narcotráfico reeditado y en las “mieles” de cultivos ilícitos disparados, requiere que el Estado demuestre tanto su capacidad de consolidar control territorial como fortaleza institucional, cuya primera piedra, en estas áreas deprimidas y tomadas por los ilegales, debe ser la Fuerza Pública.
La necesidad de reformar los planes militares y policiales, y de reforzar el soporte de investigación judicial e inteligencia, indican que 2018 requiere especial enfoque y acción contra actores que limitan la convivencia y menoscaban la seguridad nacional.
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