La masacre de siete personas en la vereda La Estrella, del municipio de Yarumal, y el desplazamiento de más de 400 campesinos e indígenas en una zona rural de Cáceres, por combates entre grupos ilegales, hechos ocurridos el fin de semana pasado, son una manifestación más del enquistamiento de las bandas criminales, la guerrilla y el narcotráfico en el Norte de Antioquia. Las estadísticas crecientes de homicidios en esa zona del departamento, en 2018, reflejan una inseguridad que no da espera.
Este diario ha publicado informes que constatan la configuración allí de corredores y rutas clave de cultivos ilícitos y mafias que tienen como efectos colaterales una gran presión sobre la población civil, imposiciones a la movilidad y la vida cotidiana y, como ocurrió en las últimas horas, choques entre facciones ilegales que derivan en el confinamiento o destierro de comunidades rurales.
También hay tensión en corregimientos y veredas de Ituango, Peque, Belmira, Santa Rosa de Osos, Toledo y San José de la Montaña. Ese ambiente de peligro se extiende a Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá y Caucasia, donde hay presencia de organizaciones como “el Clan del Golfo” y aumento del microtráfico de estupefacientes. A ello se suman las permanentes disputas territoriales y la llegada de personas ajenas a la región vinculadas con bandas de Bello y Medellín. El Norte de Antioquia incuba graves amenazas al orden público regional.
Los municipios mencionados reciben el influjo directo de la cadena de producción de drogas en el Cañón del río Cauca y las estribaciones del Nudo del Paramillo, con salidas a los golfos de Urabá y Morrosquillo y a los puertos del Caribe colombiano.
Hablamos de una región estratégica (Norte y Bajo Cauca) que está pasando de haber soportado por años la mano dura y las tropelías de las Farc, al nuevo régimen de las bandas criminales que aunque siempre coexistieron con la subversión, hoy reclaman mayor poder y envían el mensaje explícito de estar dispuestas a sabotear la sustitución voluntaria o la erradicación de cultivos ilícitos.
La matanza del estadero Las Margaritas, a 15 minutos del casco urbano de Yarumal, lugar en cuyos alrededores se expendían drogas, ratifica la ola de violencia que golpea a ese municipio en 2018: hasta el sábado pasado iban seis asesinatos. En Caucasia, entre tanto, contaban seis más. La Policía Antioquia hacía esfuerzos por frenar la racha mediante el plan “72 horas por la seguridad”, pero la masacre, en parte, lo empaña.
En esa zona convulsa hay además dificultades para garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. A ello se suma la disidencia de combatientes de los frentes 18 y 36, en su momento calificados, en el país, entre “los más penetrados” de esa guerrilla por el narcotráfico.
Esta macrocriminalidad y violencia, protagonizada por “grupos armados organizados y residuales”, se suma al aumento de la delincuencia callejera que el pasado fin de semana obligó un consejo de seguridad para Bogotá. Antioquia, y en particular esa región, no dista mucho, presidente Juan Manuel Santos, de la urgencia de una intervención a gran escala de Policía y Ejército que recupere la tranquilidad y anule el dominio marcado de grupos armados ilegales que trafican, reclutan, extorsionan y asesinan con inquietante facilidad.
Antioquia y su gente, en contraste con hechos tan luctuosos e inhumanos, merecen un mejor Norte.
