Acuerdo de paz y sus desarrollos legislativos; creación del partido político de las Farc; un Congreso de la República que a última hora se le salió del libreto al Gobierno; una Corte Constitucional que siguió alineada con el guion de la paz pero que también fijó algunos límites mínimos que permiten mantener en pie hasta cierto punto el régimen de equilibrio de poderes de la Carta Política; la visita del papa Francisco y su encarecida exhortación a la reconciliación en Colombia; los continuos escándalos de corrupción, graves pero al final efímeros; y, en lo que despierta realmente pasiones entre la gente, la clasificación de Colombia para ir al Mundial de Fútbol de Rusia en 2018.
Casi todos los temas que ocuparon la atención noticiosa arrastraban las inercias de los dos años inmediatamente anteriores. El Acuerdo Final con las Farc fue firmado en noviembre de 2016 y este año se sometió a su desarrollo e implementación en el Congreso, muchas veces a trompicones, con un procedimiento legislativo especial (fast track) ideado para evitar la vigencia plena de debates y controles que, no obstante, tampoco le aseguró tranquilidad al Gobierno.
La pregunta insistente durante este año, tanto de los voceros del Ejecutivo como entre diversos analistas, fue por qué la sociedad colombiana permaneció, en general, indiferente, lejana a las celebraciones oficiales que anunciaban la paz. Si era además evidente que hubo reducción sustancial en las tasas de homicidio derivados de la violencia guerrillera. La explicación radica, muy probablemente, en que se pretende mediante diversas vías de presión, que la sociedad acceda a dar el salto inmediato al perdón y al olvido sin haber pasado por el estadio irrenunciable e indispensable de la justicia, así sea aquella transicional, limitada y a veces militante, que se consagró en el Acuerdo Final. Mientras los colombianos no constaten cómo va a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, cuáles van a ser sus raseros de justicia, cuáles las consecuencias penales y políticas concretas para aquellos que cometieron crímenes atroces -de guerra y de lesa humanidad-, no podrá decirse que el proceso de paz esté consolidado.
En los últimos meses, por ejemplo, el país pudo empezar a tomar conciencia de lo que fue, por ejemplo, el padecimiento de cientos de mujeres, tantas de ellas niñas y adolescentes, sometidas a violencia sexual en las filas guerrilleras, esclavas de los comandantes y forzadas a abortar. Mientras en el mundo las mujeres levantaban su voz para clamar justicia por los abusos sexuales cometidos en diversos ámbitos, otros colectivos pasaban en silencio ante los padecimientos de estas mujeres colombianas.
Y para sumar a esto, que se alarga sin períodos definidos un proceso con el Eln cada vez más difuso, donde las veleidades de sus jefes guerrilleros hacen aparecer dubitativo y con reducida capacidad de resolución al gobierno de Juan Manuel Santos.
El año que termina también prolonga la incertidumbre sobre la infiltración corrupta de Odebrecht en Colombia. El fiscal General Néstor Humberto Martínez escribía en EL COLOMBIANO que la justicia tiene plenamente establecido que los sobornos aquí rondan los cien mil millones de pesos, y que entraron fondos a las campañas presidenciales de 2010 y 2014. Subsisten, sin embargo, extrañas capas de protección a varios de los protagonistas más relevantes en este escándalo.
Finalmente, en 2018, aparte de las elecciones para Congreso y Presidencia que definirán, entre otros, el rumbo de los acuerdos de paz con las Farc, otra crisis tendrá consecuencias ineludibles en Colombia: la emergencia humanitaria de Venezuela, la degradación total de su calidad de vida y la ferocidad de su dictadura. El país tendrá que definir qué hacer y cómo.
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