Sonaría contradictorio, incluso contraproducente, que en momentos en que el país parece que comienza a tomar conciencia de la magnitud de la corrupción, el jefe de uno de los principales organismos de control insista en acabar con las entidades que en los departamentos y en los municipios cumplen -supuestamente- la misión de ejercer el control fiscal y la vigilancia sobre el uso y destinación de los recursos públicos.
En efecto, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, desde el momento mismo de su posesión y de nuevo en estos últimos días, ha insistido en la conveniencia de aprobar una reforma constitucional de modo que las 63 contralorías departamentales y municipales desaparezcan. Por conocimiento directo derivado de su ejercicio, el contralor General sabe que la ineficacia de estas entidades es tan evidente que al final para lo único que sirven es para extender, en vez de erradicarlas o al menos contenerlas, las prácticas corruptas enlazadas con el clientelismo politiquero.
Decía Maya Villazón en marzo del año pasado: “(Acabar con las contralorías) es algo que beneficia al país y se puede hacer. Las contralorías se volvieron un nido de extorsión a nivel local, es decir, te investigo o no te investigo a cambio de un cobro. Que me perdonen los funcionarios, pero hay problemas”.
El pasado lunes, reiteraba el contralor general que “no es posible en ningún país serio del mundo, así haya la oposición que haya, y las conveniencias que haya, mantener 63 contralorías” (declaraciones al noticiero CM&).
Ahora bien, aunque el contralor crea que tal iniciativa es posible, la realidad es que es muy difícil. La medida tendría que ser aprobada por los congresistas, quienes en buena parte manejan los resortes burocráticos de esas dependencias, en una espiral de intereses particulares junto con alcaldes y gobernadores. Los contralores departamentales son elegidos por los diputados, y los municipales por los concejales. Quienes eligen tienen cupos asignados y algunos son dueños de parcelas definidas en las contralorías auxiliares que, como dice el propio Maya Villazón, eximen de cualquier investigación a los adherentes a sus coaliciones clientelistas.
Sería necesario que las contralorías ofrecieran un balance público de cuánto cuesta su sostenimiento (nóminas formales, nóminas paralelas y contratistas externos) y cuántos de los recursos públicos malversados logran recuperar efectivamente. No es que digan cuántos procesos de responsabilidad fiscal inician, sino cuántos concluyen y cuánto dinero recuperan. Al fin y al cabo, ese es uno de sus objetivos primordiales. Pero el resultado con seguridad será vergonzoso.
En 2003, la novena pregunta del referendo convocado por el presidente Álvaro Uribe trataba de eso: acabar con las contralorías departamentales y municipales. Los votos obtenidos no superaron el umbral y la propuesta no logró ser aprobada. Solo un mandato popular habría tenido la fuerza para acabarlas, porque los políticos no lo van a hacer.
La propuesta del contralor Maya Villazón es paradójica solo en apariencia: para reducir la corrupción hay que acabar las contralorías. Le falta, sí, explicar mejor cuál es la alternativa para desarrollar una efectiva gestión de control fiscal porque centralizar todo ella en la Contraloría General tampoco es deseable. No están allí a salvo del clientelismo ni menos de la hiperburocratización ni del derroche. En todo caso, es un debate que vale la pena adelantar en momentos en que algunos sectores del país se plantean cómo sería vivir en un país menos corrupto.
