Una propuesta paradójica pero con pleno sentido: en una lucha decidida contra la corrupción política habría que acabar las contralorías regionales. Sirven al clientelismo, no a los ciudadanos.
Sonaría contradictorio, incluso contraproducente, que en momentos en que el país parece que comienza a tomar conciencia de la magnitud de la corrupción, el jefe de uno de los principales organismos de control insista en acabar con las entidades que en los departamentos y en los municipios cumplen -supuestamente- la misión de ejercer el control fiscal y la vigilancia sobre el uso y destinación de los recursos públicos.
En efecto, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, desde el momento mismo de su posesión y de nuevo en estos últimos días, ha insistido en la conveniencia de aprobar una reforma constitucional de modo que las 63 contralorías departamentales y municipales desaparezcan. Por conocimiento directo derivado de su...