“La propuesta del salario mínimo diferencial de Arango y Flórez (2017) remozada por Roberto Steiner, pretende una disminución del salario mínimo, inicialmente para los trabajadores informales, pero que tendrá el mismo efecto para los demás trabajadores. Con esta medida buscan aumentar la población trabajadora de menos de un salario mínimo como cotizantes a pensiones (lo que favorece más a los fondos de pensiones) y de esa manera disminuir la informalidad a la vez que se reducen los salarios. Es una propuesta improcedente e innecesaria en la medida que no favorecerá a los trabajadores. La alta informalidad en Colombia se explica por la estructura productiva extractivista de poca generación de empleo, las bajas calificaciones laborales y recientemente por la contratación precaria e irregular de migrantes venezolanos. El salario mínimo no es determinante.
Según la Sentencia C-815/99, el Gobierno está obligado a velar que el salario mantenga su poder adquisitivo, se garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen, en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución. Cualquier cambio implica una reforma constitucional.
Los trabajadores informales se verían beneficiados en la medida que se promueva una cultura de legalidad y formalización laboral”.
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