Más allá de las diversas consideraciones ideológicas sobre si el Estado debe controlar empresas, en el caso de Isagén son los números los que prueban la inconveniencia de su privatización.
Medir la rentabilidad de Isagén solo por sus dividendos es miope, pues nunca ha repartido toda su utilidad, que además se verá exponencialmente alimentada con la caja generada por Hidrosogamoso. Además, según la Contraloría “si bien es cierto el control regulatorio lo tiene el Estado, también es cierto que hoy la empresa tiene poder de mercado, que por su capacidad en la producción eléctrica es de importancia estratégica, en un mercado oligopólico”. Lo anterior sin contar el valor de la biodiversidad y agua que controla la generadora.
Es falsa la dicotomía de que sin vender Isagén no habrán obras de infraestructura, pues fueron 22 las alternativas propuestas al Gobierno, destacándose la titularización de utilidades de Isagén; emisión de bonos con destinación específica colateralizados con sus activos; o capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional por parte de Fogafín, tal como pasó con bancos privados en la crisis financiera de los 90. Y si las carreteras son tan rentables, pues no hacen falta créditos blandos para privados con recursos públicos.
Es cambiar un derecho real de propiedad por un derecho de crédito para privados. Grave error que pagarán nuestros hijos.
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