Sobre la fumigación se han advertido debilidades: la cantidad de hectáreas asperjadas en relación con la disminución real de los cultivos ilícitos es muy limitada. Se fumiga mucho, pero no se logra afectar de manera considerable las áreas sembradas.
Hay que intensificar la erradicación manual, lo cual se cruza con los compromisos adquiridos por las Farc de retirarse del negocio, lo que debe tener un efecto visible, dada la influencia de esa organización en el tema. Así mismo, la aplicación rigurosa del Punto 1 de la agenda sobre Desarrollo Agrario Integral.
La desmovilización implica al Gobierno el reto de regular y afianzar la institucionalidad en los territorios donde las Farc tienen influencia. Ese espacio lo van a querer copar las demás estructuras criminales. Si el Estado no lo hace, habrá incluso mayor incremento de los cultivos y el narcotráfico.
Hay un problema institucional de enfoque sobre dónde debe estar el énfasis en la lucha: tantos años de perseguir estructuras criminales muestran un balance pobre. Falta atacar el lavado de activos y la corrupción institucional, donde encuentran nicho esas estructuras. Se puede encarcelar y encarcelar y esas estructuras se reproducen, mutan, son inteligentes. Para golpearlas, más que martillo, se necesita bisturí. El caso de Medellín es paradigmático: con los niveles de corrupción de la Fuerza Pública y de la Fiscalía, si no se depura, qué podremos esperar en otras zonas de bajísima regulación y control estatal.
