Todas estas son investigaciones que se han dado como consecuencia del inicio de los programas de delación. Y en la medida en que esta política se desarrolle y funcione, es previsible que se abran más investigaciones por ese mecanismo.
La sola delación, esto hay que tenerlo claro, no puede ser una prueba suficiente para concluir que hubo cartel. Cuando hay una delación, esta tiene que ser controvertida y conocida por los otros investigados para que sea una prueba válida. Ahí es básico el derecho de defensa y de contradicción de las pruebas.
Los consumidores que se consideren afectados pueden iniciar una acción de grupo sin necesidad de esperar que se concluya la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Eso sí, si la SIC determina que efectivamente hubo cartel, eso se constituyen en una prueba clarísima dentro del proceso judicial.
Aquí hay que probar dos cosas: que hubo colusión (acuerdo ilegal para efectar a un tercero, en este caso para fijar precios) y que hubo perjuicios. Y aquí es donde la radica la complejidad del tema: cómo se determina cuál habría sido el precio real sino hubiera existido el cartel. Eso no es nada sencillo; probatoriamente hay muchos intríngulis que no son fáciles.
