Los objetivos que plantea el tema agrario en el acuerdo Gobierno – Farc son en términos filosóficos lógicos y tiene buenas intenciones, pero adolece de graves problemas.
No hay una mención a estímulos y proyectos con medianos y grandes empresarios del agro, que son los que soportan la producción del país.
Se privilegian en el acuerdo los propietarios de pequeños predios, las cooperativas, los campesinos, las mutuales, personas e iniciativas muy importantes, pero que no son el grueso de producción agrícola del país. Hay sectores que necesariamente tienen que tener aportes del capital privado.
Otro punto delicado es el fondo de tierra. No se menciona en ninguna parte qué se va a hacer con las 750 mil hectáreas que han sido despojadas por las Farc y, lo más grave, se anuncian expropiaciones y extinciones por el no cumplimiento. ¿Cómo se aplicará eso? ¿Quiénes serán los jueces?
El acuerdo genera altos riesgos para la actividad agropecuaria instalada del país y una gran inseguridad jurídica. ¿quién va a invertir en estas nuevas condiciones?
Por último, con qué recursos pretende el Gobierno dar estas grandes transformaciones en el agro con un déficit como el actual. Cuando bajó en un 41 % la inversión en el campo para 2017.
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