Aquí ha habido una cadena de engaños y desinformaciones. También de incumplimientos. Desde el momento mismo de la firma de los acuerdos de La Habana, los militares manifestaron sus inquietudes al ver que iban a quedar sometidos al mismo régimen de Jurisdicción Especial que las Farc. En ese momento, el presidente de la República y su principal asesor de paz dijeron que se habían reunido con los militares representados en Acore (Asociación de Militares de la Reserva) y que todas las dudas habían quedado aclaradas y que los militares quedaron tranquilos. Pero estamos ad portas de que se conforme esa Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y los militares siguen muy inquietos.
Hay que tener en cuenta que la JEP va a ser autónoma, sin control judicial de otras instancias. Los fallos contra los militares serán inapelables. Estamos ante un monstruo judicial que se impuso a la Constitución Colombiana.
Lo ideal habría sido que los militares tuvieran un tratamiento aparte, no igualados a la guerrilla, sin someterse a un tribunal en cuyo proceso de elección de magistrados tiene influencia la guerrilla. Estos tribunales son favorables, ante todo, a la guerrilla, no a los militares, tantas veces procesados por rumores y falsos señalamientos.
