Más de 450 mil ciudadanos que hacen parte del Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada podían ejercer su derecho al sufragio si se aprueba el proyecto de acto legislativo que presentamos al Congreso, que reforma el artículo 219 de la Constitución. La vigencia de esta reforma está supeditada a la refrendación de los Acuerdos de Paz de La Habana.
El avance que propone esta reforma constitucional es un primer paso al reconocimiento de derechos políticos a los militares, manteniendo el carácter no deliberante de la fuerza pública y otorgándoles durante el servicio activo exclusivamente el derecho a elegir, más no a ser elegido.
Con el objetivo de realizar una transición adecuada y luego de más de 80 años de haber prohibido este derecho a los militares, la iniciativa propone una fórmula similar a la mayoría de países de la región, de habilitar únicamente el derecho a elegir, e impedir que intervengan en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Este es el momento constitucional para iniciar el restablecimiento de los derechos políticos de la Fuerza Pública, a través de la rehabilitación del derecho a elegir, con base en el principio de sufragio universal establecido hace más de dos siglos, manteniendo la limitación para el ejercicio de los demás derechos políticos. Lo cual se traduce en permitir que alrededor de 450.000 ciudadanos puedan participar de las decisiones que los afectan.
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