Sostener que los servidores públicos pueden incurrir en falta disciplinaria si se muestran favorables al plebiscito en una posible pero todavía incierta convocatoria al pueblo, es un debate extemporáneo.
Por ahora no hay plebiscito convocado; no hay ni siquiera una sentencia de la Corte sobre su exequibilidad; tampoco hay una ley estatutaria referida al plebiscito por la paz; no hay un acto del Presidente de la República convocando al pueblo; no hay acuerdo de paz, ni se sabe cuál sería la pregunta que se formularía a los votantes; ni hay, por tanto, fecha para el plebiscito, ni campaña en marcha. En definitiva, no hay nada. Así que carece de sentido que la Procuraduría anuncie sanciones por unas faltas disciplinarias que en este momento son imposibles. Además de ser criticable que quien ejerce el poder disciplinario esté amenazando con rejo en mano a quienes no comparten sus criterios, resulta equivocado calificar como participación en política el apoyo al “sí” o al “no”. Eso no sería participación en política, sino ejercicio del derecho ciudadano a tomar parte en un mecanismo de consulta al pueblo.
Si apoyar el “sí” fuera participar en política, también lo sería respaldar el “no”, y entonces los funcionarios de Procuraduría que hoy hablan tendrían que ser sancionados.
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