Esperamos que en este plazo adicional que se ha pedido se puedan solucionar las observaciones presentadas. Las dudas jurídicas, pero ante todo las financieras. Ya hay experiencias de otras obras que comenzaron sin estudios y sus sobrecostos son enormes. Hay que determinar cómo se blinda financieramente este proyecto del Toyo para que el Departamento tenga certidumbre y poder decir si compromete o no cuantiosos recursos. Hay que avanzar a Fase III (estudios y diseños definitivos) antes de empezar la obra.
El compromiso inicial de la Gobernación es de $780 mil millones, pero eso hay que indexarlo desde 2013. Hoy equivale a $915 mil millones. Lo que no puede hacer la Gobernación es avanzar en esa especie de taxímetro financiero que le genere una crisis mayor a la que ya tiene.
Se debe llegar a un acuerdo donde la Gobernación tenga la tranquilidad de decir “hasta aquí puedo cumplir” y si de ahí en adelante no puede hacerlo, pues que el gobierno nacional diga “yo respondo por esos extracostos, o por esos mayores recursos que puede costar la obra del Toyo”.
Pero mientras el gobierno nacional no responda por ese compromiso, sería grave que el gobierno departamental asuma obligaciones que luego no va a poder cumplir.
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