El derecho es un instrumento de control social, entendiéndose por tal el conjunto de medios del que se vale la sociedad para determinar el comportamiento de sus miembros.
El que el derecho no logre, en esta pandemia, motivar a la comunidad al cumplimiento de lo por él prescrito, puede deberse a varias razones: en primer lugar, a la percepción que se genere en la comunidad sobre la ausencia de buena fe en quienes producen las normas y ejecutan los presupuestos, debido, especialmente, a la presencia de posibles actos de corrupción y de malversación de los recursos públicos; en segundo lugar, a la poca claridad que pueda proyectarse sobre la sociedad en torno de los fines de tales normas, como puede ocurrir con las normas de estricto confinamiento que se expidieron, respecto de las cuales puede no haber claridad sobre si buscaban aminorar el efecto nocivo de la pandemia, evitando o, simplemente, aplazando el contagio, a la espera de unos respiradores que aún no llegan; en tercer lugar, la percepción de una excesiva limitación de la libertad, propia más de un Estado paternalista, indiferente a las necesidades socioeconómicas de la comunidad, que de un armonizador de las existencias individuales.
