Hay que tener en cuenta que ha habido un registro histórico de trashumancia electoral en el país, sobre todo en algunas regiones, como la Costa, donde hay municipios con más cédulas registradas que gente. Hace un año ya la propia Registraduría había advertido sobre el problema. Y hubo también un informe de la MOE en el que señaló que uno de cada dos municipios estaban en riesgo de trashumancia. Entonces así a mucha gente le haya caído por sorpresa, es un tema suficientemente informado. Habrá casos que las autoridades electorales no han sustentado suficientemente, pero creo que es preferible este tipo de control a que las cosas hubiesen seguido como por tradición se hacían desde siempre, como si el problema de la trashumancia fuera un asunto normal.
Eso se manejaba como una relación directa entre el político y el votante sin que mediara lo institucional. Y esa mediación institucional es preferible, así se incurra en algún tipo de fallas como las que se han venido denunciando por quienes encuentran que su inscripción fue anulada.
En todo caso, queda la oportunidad de ejercer los recursos que la ley brinda contra esa medida. Pero por traumático que sea el caso, es preferible que se ejerzan estos controles institucionales.
