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En el gobierno del cambio, con el decreto 1961 del pasado 15 de noviembre, en el artículo 35, parágrafo primero, se abre la puerta para legalizar la corrupción en la contratación de las obras públicas. No solo la corrupción, además se legaliza el deterioro de las obras públicas, la mala calidad, las obras sin estudios de necesidades y urgencias de la comunidad.
Transcribo el parágrafo mencionado: “Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social, comunitaria y otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial, las cuales se someterán a contratación directa sin importar su cuantía, en los términos y que determine el Manual de Contratación del Instituto...” No conozco el Manual de contratación del Instituto, pero me parece que esto abre las puertas para que puedan contratar en forma directa con un desconocedor de la ingeniería y facilita la corrupción para adjudicar cualquier clase de proyecto y construir las obras públicas sin la tecnología necesaria.
Si se tratara únicamente de obras veredales, para tránsito de carretillas y peatones, se podría aceptar que las haga cualquier desconocedor de la ingeniería, pero hablar de una cuantía, significa autopistas, dobles calzadas, vías nacionales importantes. Es abrir la puerta para la corrupción y el aprovechamiento, en perjuicio de la calidad de las obras que bastante necesita el país.
Estamos en el gobierno del cambio y esto hace parte del cambio, dirán los petristas. Pero un cambio para el perjuicio de los colombianos, un cambio para facilitar la corrupción, un cambio para beneficiar el amiguismo, un cambio que viola todas las normas de la contratación, no lo podemos aceptar. Tenemos que manifestarnos con la protesta pacífica, como lo hago con este comentario, e invito a los buenos colombianos a protestar contra semejante medida en perjuicio del país.
El ministro de transportes debe pronunciarse, no públicamente, pero sí hacerle ver al presidente que esto que se propone es un error garrafal que acabaría con la buena ingeniería y, con ello, con las buenas vías que se deberán construir para el futuro de Colombia. Si ahora nos quejamos de la mala calidad de las carreteras en el país, ¿cómo será en el futuro si las obras se dejan en manos de desconocedores de la ingeniería y en representantes del amiguismo?
Preocupante el futuro que nos espera si la demagogia es la maquinaria que se emplea para callar a los colombianos, si el desconocimiento de la técnica se impone frente a los verdaderos expertos en los temas de vías y obras de ingeniería. Con medidas de esta naturaleza, lo que se consigue es abrirle las puertas a la corrupción y al amiguismo. Espero que esa no sea la intención de este gobierno.
