Pico y Placa Medellín
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En Medellín, al cierre de 2023, estimamos que 150.000 hogares y negocios pagan “cuotas de vigilancia” o “vacunas” semanales a los combos. Esta cifra fue documentada en las páginas de este periódico el lunes pasado. En el Valle de Aburrá el número asciende, probablemente, a 250.000 pagos semanales. En una cuenta de servilleta, con pagos de $15.000 semanales, los cobros ascienden a cerca de $200.000 millones al año. Sumando además los cobros a las rutas de buses y proyectos de construcción, junto con varios colegas y basados en cientos de fuentes, estimamos que el “negocio” de la extorsión puede ascender a cerca de $600.000 millones anuales en ingresos.
Típicamente se cobra una vez por semana, aunque esto varía de barrio a barrio. Usualmente el cobro se justifica con la prestación de un servicio semi-público de seguridad en el barrio, pero en ocasiones toma connotaciones diferentes. Por ejemplo, en un barrio de Medellín conocimos que los muchachos del combo reparten en la noche huevos, arepas, leche y queso para el día siguiente. Los vecinos están obligados a comprar y no pueden negarse a recibir el servicio.
Lo paradójico es que la atención pública en Colombia, antes de enfocarse en la cantidad de personas que pagan, se concentra en la cantidad de casos denunciados. Hace un par de semanas, un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación llamaba la atención sobre Medellín: “La segunda ciudad con más casos de extorsión,” con menos de 900 denuncias el año pasado. Es decir, la atención se enfoca en cerca de mil casos denunciados cuando son cientos de miles de hogares y negocios pagando cuotas a los combos.
¿Por qué hay tan pocas denuncias? Primero, porque a las personas les da miedo denunciar especialmente porque luego tienen que enfrentar en un juicio a quienes los amenazan. Segundo, porque es difícil tipificar el delito. La situación de las arepas y los huevos repartidos a domicilio, por ejemplo, es difícil de llevar a un caso formal de extorsión. Tercero, porque para muchos ciudadanos los combos tienen cierto nivel de legitimidad como prestadores de servicios de seguridad. En términos de Charles Tilly, son organizaciones criminales ejerciendo un papel de pequeños Estados.
Todo este fenómeno conlleva, por lo menos, dos retos inmediatos. El primero se asocia a las posibilidades de desarrollo económico en muchos barrios. Los combos representan una carga impositiva adicional para los negocios y sus arbitrariedades detienen la inversión y las oportunidades de empleo en los barrios. El segundo corresponde a una profunda pérdida de legitimidad del Estado. En una encuesta que hicimos recientemente con algunos colegas, solo un 46% de los ciudadanos estaban de acuerdo con que el barrio estaría mejor sin el combo.
Medellín tiene que proponerse eliminar la extorsión y recuperar el terreno perdido. Nuestras encuestas sugieren que en los últimos cuatro años no bajó la extorsión en la ciudad. Este es un delito indefendible y, evidentemente, las fórmulas usadas hasta ahora son insuficientes. Es preciso innovar en políticas y programas que logren efectivamente contrarrestar este terrible fenómeno.
