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Ahora que el ex presidente Uribe ha presentado sus alegatos finales en el juicio en el que se han vertido toda clase de falsedades para tratar de manchar su nombre y su legado conviene traer aquí a colación contra quien se combatía en aquellos años.
No lo haré con el retrovisor puesto en las matanzas de decenas de civiles, familias enteras, con pipetas lanzadas a discreción contra iglesias, como la de Bojayá, que recuerdo perfectamente porque entrevisté apenas unas horas después de la masacre que costó la vida a 120 personas a una de sus supervivientes. Tumbada en una cama de un hospital cercano, una mujer me contó a través de un teléfono fijo que le llevaron y con un hilo de voz cómo sacó vivos a todos sus hijos, uno a uno, de entre los cadáveres amontonados y los escombros.
Tampoco echaré la vista atrás a los collares bomba, cuyas víctimas me narraron la dolorosa experiencia que es llevar colgada a la muerte día y noche ni el dolor de las mujeres secuestradas y vejadas, como Ingrid Betarcourt y Clara Rojas, con las que tuve el placer de conversar con calma, la única vía para expulsar tanto dolor causado por las guerrillas que atemorizaban por entonces -y aún lo hacen- a un país entero al que mantenían también secuestrado.
No, me remonto a una noticia fresca, de hace unos días. El último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzoso de nada menos que 18.000 menores durante su reinado del terror que sus disidencias pretenden prorrogar.
“Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, reza la carta del secretariado de las FARC.
Seis excomandantes que formaban parte del secretariado han resaltado que asumen “con responsabilidad” lo sucedido y tienen un “firme compromiso de aportar a la verdad, la reparación y la no repetición”. Muchísimas gracias por comprometerse a no seguir secuestrando niños para convertirlos en máquinas de matar o en carne de cañón.
Hoy, uno de esos ex comandantes, Rodrigo Londoño -conocido en el mundo del crimen con la etiqueta socialista como “Timochenko”- es el actual líder del partido Comunes. Pues bien, contra estos bandidos combatía Uribe cuando trató de sacar al país de una situación que hoy sería comparable a la de Libia o aún peor. Un país sumido en una guerra civil a tres bandas: la narcoguerrilla, los cárteles puros y duros y el Estado, tratando de sobrevivir.
Algunos de ustedes, los más jóvenes que espero que lean estas líneas con detenimiento, no recordarán que, por entonces, cuando un servidor pisó por primera vez Colombia, había bombas escondidas en las papeleras cada dos por tres y el temor a salir cuando caía el sol era el pan nuestro de cada día. Nadie en su sano juicio transitaba de noche por carreteras apartadas y los turistas y hombres de negocios eran la excepción. Uribe cambió eso con la ayuda de todos ustedes. Extirpó el cáncer de raíz. Si no lo hubiera hecho, habría otros 18.000 niños secuestrados a buen seguro. No lo olvidemos.
