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Hay manifestaciones de cambio social de cierta trascendencia que tienden a pasar desapercibidas porque se dan por sentadas. La transformación que ha tenido lugar en el estatus de la mujer colombiana es una de ellas. Esto es algo que se debe valorar y celebrar como un indicio de modernización.
Siete décadas después de haber adquirido el derecho al voto, un logro asociado con los nombres de Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, las mujeres están ejerciendo un liderazgo notorio. En todos los grupos del espectro político nacional hay mujeres aspirando a ser candidatas presidenciales. Este fenómeno no se limita al terreno electoral. La presencia de mujeres en cargos directivos se observa en el gobierno, las empresas, la academia, el periodismo y los gremios y otros sectores. Hay mujeres en las juntas directivas y en la administración del sector empresarial moderno, rectoras de universidades, gerentes de bancos comerciales y codirectoras del Banco de la República.
Un aspecto en el cual el país ha logrado alcanzar una posición de avanzada en América Latina es el de los derechos de la mujer en materia de salud sexual y reproductiva. Si bien los avances mencionados anteriormente pueden considerarse como parte inherente de la modernización económica y social, este último tema es atribuible a decisiones de políticas públicas. No surgió en forma espontánea, sino como resultado un propósito deliberado de cambio social por parte de gobiernos reformadores.
En 1966, el presidente Carlos Lleras Restrepo decidió prestar los servicios de planificación en los hospitales públicos. Esta decisión, que disentía de la doctrina católica, fue recibida con inconformidad por la jerarquía eclesiástica. El arzobispo de Bogotá, monseñor Aníbal Muñoz Duque, visitó al presidente para solicitarle que rescindiera la decisión. El presidente lo escuchó respetuosamente y le explicó que se trataba de un tema de salud pública que era responsabilidad del gobierno. Nadie estaría obligado a aceptar los servicios, los cuales se implementarían sin estridencia, para no incomodar a la Iglesia. En forma cordial, se estableció el precedente de que el gobierno no aceptaría el veto eclesiástico a la política de salud sexual y reproductiva.
En 1974, el presidente Alfonso López Michelsen solicitó facultades extraordinarias por noventa días al Congreso para reformar el Código Civil suprimiéndole todas las cláusulas que discriminaran contra las mujeres. El Código Civil reformado estableció el matrimonio civil y adoptó las primeras medidas para legalizar el divorcio.
La Corte Constitucional despenalizó el aborto durante los primeros veinticuatro semanas de embarazo; a partir de ese límite se aplicarían las causales de malformación fetal, violación y peligro para la salud física y mental materna.
Los derechos de la mujer y la democracia liberal están íntimamente ligados. Como ha ocurrido en las regiones atrasadas de Estados Unidos, el debilitamiento democrático conlleva un retroceso para la libertad de las mujeres. Promover los derechos de las mujeres es parte integral de la defensa de la democracia.
