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Columnistas | PUBLICADO EL 11 noviembre 2022

¿Justicia selectiva?

Algunos hechos que se vienen presentando con servidores públicos parecen dar a entender que nos encontramos frente a una especie de justicia selectiva.

Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo- lfalvarez@gmail.com

Como exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado, quiero expresar nuestra especial preocupación por ciertas situaciones que vienen ocurriendo, que de alguna manera empañan el buen nombre de la justicia y la permanente expectativa del ciudadano corriente, quien confía en la labor de los órganos judiciales, como garantes de imparcialidad, verdad e inclusión.

Se presentan situaciones que entristecen, preocupan y obligan a reflexionar sobre el futuro de la justicia, no sólo a través del trabajo de los jueces, sino de los demás órganos que de alguna manera tienen relación directa con el análisis y control de conductas, especialmente de servidores públicos.

Algunos hechos que se vienen presentando parecen dar a entender que nos encontramos frente a una especie de justicia selectiva. Un exconcejal participa de manera genérica en la discusión y aprobación global de algunas medidas tributarias integradas al presupuesto municipal. Previamente, el citado concejal declaró ante la corporación, su voluntad de abstenerse de participar activamente, por considerar, en su muy estricto examen de conciencia, que la decisión tributaria podía beneficiar a un pariente, aunque la jurisprudencia ha sido clara en el sentido que los impuestos son generales, de manera que no puede existir conflicto de intereses, cuando un senador, un representante, un diputado o un concejal interviene en la discusión de una medida de esta naturaleza.

Sin importar el precedente judicial existente, de todas maneras, los órganos judiciales y de control emprendieron una intensa labor de investigación y control, con el fin de sancionar la supuesta conducta indebida del servidor público, quien finalmente, fue declarado culpable y condenado a perder su investidura, es decir, sancionado con la denominada muerte política.

El concejal acusado, como bien lo sabe la comunidad, venía actuando como una especie de conciencia crítica y un paradigma en la lucha contra la corrupción, y sus intervenciones dentro y fuera del Concejo han sido tan determinantes, que ante diferentes amenazas contra él y su familia, se vio obligado a salir del país en compañía de los suyos.

No es de nuestro estilo, criticar la devoción y eficacia mostrada por la justicia en casos como el señalado en el ejemplo anterior, pero lo curioso es que ello contrasta con la lentitud, apatía y hasta negligencia que se viene presentando en otros casos, quizás mucho más importantes para la sociedad. Las continuas quejas y denuncias contra alcaldes de varias ciudades, por adelantar conductas que comportan una clara y muy evidente participación en política, la falta de investigaciones fiscales sobre indebida celebración de contratos o asignación de partidas por parte de diferentes administraciones, la inexplicable mora de los órganos competentes de justicia para aprobar un acta de conciliación o juzgar a un alto servidor del Estado por una indebida obtención de un título académico, constituyen omisiones y desatenciones que podrían ser denunciadas por cientos de ciudadanos y ciudadanas, pues son una clara muestra de que algo raro parece estar sucediendo con la justicia, tan eficiente en unos cuantos casos, pero igualmente ausente en muchos otros.

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