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Dos meses después de instalarse las nuevas administraciones locales y regionales, numerosos proyectos que venían efectuándose en gobernaciones y municipios o en corregimientos están congelados mientras llegan funcionarios que reemplacen a los que han debido quedar por fuera porque no resultaron aceptables para los alcaldes y gobernadores que han inaugurado sus mandatos. La exclusión y el despido de contratistas por la simple presunción de que no estarían al servicio de los gobernantes recién llegados es, en no pocas situaciones, una expresión de la miopía del revanchismo:
Hay que borrar a todo aquel que parezca amigo del antecesor por el simple hecho de parecer contradictor político.
Con excepción de los funcionarios amparados por la carrera administrativa, que deben seguir en sus cargos sean cuales fueren sus simpatías o antipatías, a los que venían trabajando sin que se conozca su probidad y su eficiencia les toca resignarse a la condición de nuevos desempleados luego de cuatro años de un desempeño que debería estar señalado por alguna forma justa y razonable de evaluación. Pero esa situación parece que no está prevista en el período de empalme entre el que sale y el que llega. La legión de candidatos al pavimento les merece consideración nula a las fuerzas políticas triunfantes. Hay que salir de ellos a toda costa, para instalar un estilo nuevo, un sello de gobierno que le sirva al personaje que por elección popular encabece la administración.
Del mismo modo que se ha propuesto mantener la papelería y los eslóganes sin alteración para ahorrar del presupuesto, con mayor razón debería evitarse el sacrificio de numerosos profesionales que hayan sido cumplidores del deber con la ciudad o el departamento y no por los intereses particulares del titular de la administración. Algún mecanismo afín a la carrera administrativa debería protegerlos, además, claro está, del sentido de la equidad y la rectitud intelectual del gobernador o el alcalde recién posesionados, si son capaces de hacer a un lado la aplicación implacable de decisiones vindicativas. En el plano nacional sí que se nota el impacto del revanchismo.
Ese carácter personalista de la tradición administrativa, aplicado en los días, semanas y meses iniciales de cada nuevo cuatrienio, altera la continuidad de proyectos y planes de desarrollo, impone sobresaltos que pueden afectar programas de beneficio general, forma nubarrones de desconfianza entre los ciudadanos de todas las corrientes, le ocasiona daño a la gente al cancelar o aplazar expectativas justas de mejoramiento, castiga con el látigo del desempleo a muchos contratistas que estaban haciendo bien su trabajo y, sobre todo, legitima un modo nefasto de revanchismo y culto a la personalidad, que se ajusta más al estilo despótico de antiguas dinastías monárquicas.
El signo de la venganza, del desquite, del ajuste de cuentas al contradictor, no puede seguir siendo, en ningún nivel gubernamental, una costumbre inflexible. Cuando haya un acuerdo ético entre partidos, movimientos y aspirantes a ser elegidos, hay que inventar un modo de eliminar la miopía del revanchismo.
