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Una de las señales más claras del deterioro fiscal en Colombia es la manera en que el Gobierno ha decidido enfrentar el creciente hueco en sus finanzas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, más allá de confirmar lo que muchos analistas ya advertían, revela una estrategia de financiación que no solo no contempla soluciones estructurales, sino que también profundiza los riesgos a futuro.
El Gobierno ha optado por un camino que privilegia el corto plazo, utilizando mecanismos cada vez más creativos para sostener un nivel de gasto que no tiene respaldo en los ingresos reales. En vez de corregir el rumbo o adoptar medidas de ajuste, se acude ahora al uso masivo de pagarés con fondos administrados —como los que conforman el FONPET— y a la emisión de TES de largo plazo que no salen al mercado, sino que se emplean como garantía en operaciones repo.
Es difícil no ver en esto un intento de esconder el hecho de que la caja del gobierno está en mínimos históricos. Estas operaciones buscan utilizar esquemas de liquidez temporal como soluciones estructurales. Porque, aunque jurídicamente válidas, estas maniobras tienen una consecuencia innegable: patear el problema hacia adelante. El Gobierno no está generando más ingresos, ni recortando gastos; simplemente está tomando prestado, con la esperanza de que otro —el próximo gobierno, o el próximo Congreso— resuelva lo que hoy no se quiere enfrentar, especialmente por estar entrando ya a lo grueso del año electoral.
Utilizar recursos líquidos de fondos como el FONPET a cambio de pagarés puede sonar técnico, casi inocuo. Pero en la práctica, es una forma de endeudarse con plata que no es propia, afectando la sostenibilidad futura de sistemas esenciales como el de pensiones territoriales. Y si bien esta figura se ha usado antes, la diferencia es de escala: ahora se hace sin claridad sobre los montos a devolver ni sobre los tiempos. Se socava así la confianza en la gestión del ahorro público, sobre todo teniendo en cuenta que en el plan financiero original se pretendía era bajar la deuda con estos fondos.
Algo similar ocurre con los TES. Al emitir títulos que no se colocan en el mercado pero que sí se usan como colateral para obtener liquidez, el Estado incrementa su deuda sin recibir recursos genuinos de inversionistas. En esencia, se imprime deuda para endeudarse de nuevo. El pretexto oficial es mejorar la caja del Gobierno y generar una “reserva estratégica de liquidez”. Pero en la práctica, estos recursos podrían terminar simplemente alimentando el tren de gasto.
Y todo esto sucede mientras se suspende la Regla Fiscal, debilitando una de las pocas barreras institucionales que existían frente al desborde presupuestal. Es, otra vez, un asunto de reglas de juego. De respeto por los límites que una sociedad democrática se impone a sí misma para garantizar estabilidad, responsabilidad y confianza.
El problema no es endeudarse. El problema es hacerlo sin decirlo, sin explicarlo, sin calcular sus consecuencias, y sin un plan serio de cómo pagar. Porque cuando el presente se financia hipotecando el futuro, lo que se erosiona no es solo la solvencia fiscal, sino la credibilidad institucional del país.
