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Finalmente inició su curso la discusión del proyecto de Ley Estatutaria que pretende convertir a la educación, en todos sus niveles, en derecho fundamental. En escritos previos ya he expresado mi opinión al respecto, pero diré que a pesar de las complicaciones que dicha modificación pueda tener al contrastarla con la responsabilidad de proteger la alta calidad de la educación, es un paso que debemos dar.
Aprovechando esa coyuntura, quiero destacar aquí algunos puntos expresados por el Director del Departamento de Planeación Nacional en el contexto de la discusión sobre el marco fiscal, que creo que deberían estar presentes en todo momento en la discusión que se da en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en las etapas subsiguientes y, sobre todo, cuando llegue el momento de discutir lo relacionado con la modificación propuesta a la Ley 30.
En primer lugar, expresa con acierto Jorge Iván González que ninguna de las metas planteadas por el gobierno en materia educativa serán alcanzadas sin la contribución del sector privado. Por años se ha planteado una discusión absurda que contrapone la educación pública con la privada, cuando ambos deberían unir fuerzas continuamente en un ámbito que, en lugar de competencia, debe provocar permanentemente cooperación. Un ejemplo de ello debería ser el reconocimiento del éxito que ha tenido el modelo de colegios en concesión iniciados en Bogotá, torpemente suspendidos por diferentes gobiernos “progresistas”, y que bien podría ser replicado en otros municipios y departamentos del país.
Una segunda idea destacable, en esa misma línea, es que no debemos caer en la trampa de pensar que la educación pública, por el hecho de serlo, es intrínsecamente buena. En esto habría que hacer distinciones: en el ámbito de la educación inicial, básica y media, el preconcepto general es que la educación oficial no es buena. En el ámbito de la superior, pareciera que en opinión de algunos solo la publica es suficientemente buena. Ni lo uno, ni lo otro es enteramente cierto: o aunamos esfuerzos para corregir las fallas presentes en todos los eslabones de la cadena o renunciamos, aún sin iniciar, a convertirnos en un buen referente en materia educativa.
Y, por último, el Director de Planeación manifestó con insistencia algo que debería ser la premisa de base para cualquier discusión en materia de educación: podremos estar mejor que en tiempos pasados (que lo cuestiono, también), pero en general, para lograr un verdadero desarrollo de nuestra sociedad estamos muy, muy mal en términos de calidad.
El eje de las dos primeras ideas es el mismo, y me parece destacable: o le apostamos a unir esfuerzos público-privados, o no habrá horizontes prósperos en materia educativa. Una verdad tan obvia, pero tan difícil de reconocer, como que la educación sea vista como un derecho fundamental. Y la tercera idea, en mi opinión, establece lo que debería ser la postura de base de una discusión de esta naturaleza. Solo con esfuerzos decididos de cooperación, y sobre la base de discutir sin dogmatismos verdades incómodas, podremos aprovechar en beneficio del país la coyuntura que este debate suscita.
